La Corte Penal Internacional (CPI) condenó ayer al yihadista Ahmad Al Mahdi Al Faqi, alias Abu Turab, a nueve años de cárcel por la destrucción en 2012 de bienes que son considerados patrimonio de la humanidad en Tombuctú (Malí), en la primera sentencia que considera crimen de guerra el derribo de edificios históricos y religiosos.

Los jueces, de forma unánime, emitieron una sentencia que constata lo que Al Mahdi admitió hace un mes, en el inicio del proceso: su participación activa en la demolición de nueve mausoleos y una mezquita que eran lugar de peregrinación para la población local. "Al Mahdi coordinó los ataques y dio instrucciones para su destrucción", reflejó la condena leída por el juez filipino Raul Cano Pangalangan, que añadió que el acusado "se implicó activamente en la destrucción de los mausoleos, así como en la supervisión" de las demoliciones.

La sentencia de la CPI constata que los edificios destruidos "eran objetivos religiosos, no militares", lo que según los estatutos del Alto Tribunal Internacional constituye un crimen de guerra.