La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana aprobó ayer iniciar un proceso para determinar la responsabilidad política de Maduro en la "ruptura del hilo constitucional" en el país y acordó citarlo a comparecer en la cámara el 1 de noviembre.

El acuerdo fue aprobado en una sesión especial con el voto favorable de la mayoría opositora y con la posición en contra de los diputados chavistas.

Según el jefe de la bancada opositora en la AN, Julio Borges, la citación al mandatario es para que "responda todas las argumentaciones y acusaciones" presentadas en su contra y para que, "con el respaldo del pueblo venezolano, demuestre que se somete a la Constitución y al Parlamento".

Debido a que la Constitución del país no contempla un juicio político, en el hemiciclo se acordó investigar el supuesto abandono del cargo en el que, desde la bancada opositora, se alega que ha incurrido el presidente venezolano.

La comisión de alto nivel creada el domingo pasado para "desarrollar y definir" lo expresado en los acuerdos del Parlamento será la encargada de analizar la responsabilidad política de Maduro.

El presidente de la AN, el opositor Henry Ramos Allup, explicó que el Parlamento tiene potestad para determinar responsabilidades políticas tras la previa evaluación, pero no de desarrollar un juicio que conlleve a la destitución del jefe de Estado.

Afirmó que ello es competencia del Poder Judicial, de haber responsabilidades penales.

La próxima sesión de la Asamblea Nacional fue convocada para mañana.

El chavismo ha desestimado las decisiones que ha tomado el Legislativo, al alegar que la Asamblea Nacional es "inoficiosa" porque su actuación no genera consecuencias, ya que sus actos son nulos desde que fue declarada en desacato por el Supremo venezolano.

El Parlamento, dominado por la oposición, decide iniciar el proceso contra Maduro un día después del anuncio del inicio de un diálogo para el 30 de octubre entre el Gobierno y la oposición, con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano.

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exige que el diálogo con el Gobierno anunciado por el representante del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, debe ser público y celebrarse en Caracas y no en Margarita, como había indicado el enviado papal.

En un comunicado, la MUD recalcó que cualquier proceso de diálogo debe tener "cuatro objetivos fundamentales: respeto al derecho al voto, libertad para los presos políticos y regreso de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la autonomía de los poderes".

"Exigimos que cualquier proceso de encuentro debe realizarse en Caracas, de cara a la opinión pública, manteniendo una comunicación fluida y transparente con todos los sectores del país", afirmó la alianza opositora. Tscherrig anunció el lunes el inicio de las conversaciones entre el Gobierno y MUD el próximo domingo en Isla Margarita, en base a los acuerdos logrados con ambas partes en las reuniones exploratorias.

Según el comunicado difundido varias horas después de ese anuncio por la alianza opositora, la presencia del Vaticano en el proceso constituye "un triunfo" ya que, recordó, fue esa coalición la que propuso la incorporación de la Santa Sede en el proceso de mediación. "Que la presencia del representante del Papa en Venezuela se produzca precisamente cuando el régimen secuestra judicialmente el referéndum revocatorio y cuando los grupos violentos del oficialismo asaltan salvajemente el Palacio Legislativo nos da fuerza y respaldo en esta nueva fase de la lucha", indicó la nota.

Asimismo, aseguró que la invitación del Papa "al encuentro y el diálogo es un escenario más" de su "lucha por la restitución del hilo constitucional y de la democracia en Venezuela".