ME contaba esta semana un veterano mando policial que todo el mundo conoce lo que ha sucedido con los cursos de formación durante estos años. Tenía serias dudas de que la Justicia decida finalmente destapar esta caja de los truenos porque la gravedad de las consecuencias son difíciles de confiar. O sencillamente esperaba que no se diera ese paso adelante porque, de entrar a fondo, habría que analizar millones de casos en toda España. Y si realmente salen a la luz los ingredientes con los que se presume se elaboró este pastel, habría que reintegrar mucho dinero a la Unión Europea. Además del daño agregado a la imagen de un país que ha incorporado a su identidad el gen de la corrupción.

No sé si estas reflexiones eran fruto de un cierto pragmatismo, dado que las variables a elegir oscilan entre lo malo y lo peor. O quizá me expresaba con sus palabras el temor ante el ingente desafío que se le avecinaba y los años de investigación que le quedaban por delante si jueces y fiscales deciden quitarse la venda.

Si en Andalucía y en España se hubieran desarrollado conforme a la planificación comprometida los cursos de formación que en teoría se ha impartido y abonado, contaríamos con los trabajadores mejor preparados del mundo. Y a la vista de que a este país pertenecen siete de las diez primeras regiones europeas con mayor tasa de paro, parece que los miles de millones invertidos en esas partidas han servido para bien poco.

La formación han sido una gran fuente de negocios. Sólo hay que mirar el interés por montar academias o empresas, con la enseñanza como principal objeto social. Unas 500 en Málaga. Incluidas las de dirigentes empresariales andaluces y por supuesto malagueños. Incluso con algún milagroso emporio local, al que seguro han ayudado sus buenos contactos sindicales y políticos, desde sus modestos primeros inicios en una populosa barriada de la capital . Y en algunos círculos han proliferado expertos en anticipar las estrategias de la Unión Europea para conseguir fondos de Bruselas. De pronto toca la responsabilidad social corporativa. Luego el medio ambiente. En la confianza, o quién sabe si la connivencia de algunos, de que es imposible que la Administración ejerza el control apropiado.

En este caldo de cultivo se han retransmitido públicamente unas diligencias secretas de la Fiscalía, iniciadas tras la denuncia de la Seguridad Social contra 17 empresas de Málaga que han cobrado ayudas por formar a trabajadores, que debían quedar luego contratados. En plena campaña electoral, el PP está encantado con este nuevo escándalo que apuntarle al PSOE en Andalucía. Pero el asunto todavía no ha llegado ni al juez. Entonces veremos si a esta nueva Pandora le puede también la curiosidad.