EL Gobierno andaluz aprobó el martes un decreto que persigue la reducción de los trámites legales que se exigen para la creación de una empresa. Según el decreto, que se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento autonómico, la Junta eliminará o simplificará, según los casos, hasta una tercera parte de los cientos de procedimientos administrativos que han de cumplir los emprendedores andaluces para poner en marcha una actividad económica o desarrollar la que ya tienen en funcionamiento. Numerosos trámites a cumplimentar ante la Administración serán sustituidos por la llamada declaración responsable en virtud de la cual el empresario asume la responsabilidad de satisfacer determinados requisitos para el despliegue de su actividad y las autoridades realizan una labor de vigilancia y control a posteriori, lo que implica eliminar obstáculos al inicio del negocio de que se trate. Otra ayuda relevante, y que constituye una novedad en el decreto, es que la Junta de Andalucía se compromete a costear los gastos notariales y de registro que se precisan para comenzar una actividad económica de nuevo cuño. Una larga experiencia del mundo empresarial andaluz recomienda acoger con cierto escepticismo este tipo de medidas, ya que en el pasado y durante muchos años se han anunciado iniciativas de esta índole que con posterioridad se han demostrado insuficientes o sencillamente no se han puesto en práctica. De hecho, los discursos de investidura de los dos últimos presidentes andaluces, el anterior y la actual, han puesto el énfasis en la reducción del papeleo burocrático para la creación de empresas como uno de los mecanismos más claramente en manos de la Administración para combatir el máximo problema económico y social de la comunidad autónoma, que es el desempleo y, en los últimos tiempos, la escasa actividad de emprendimiento. La verdad es que nunca estos buenos propósitos se han materializado con suficiente fuerza en la gestión cotidiana de las consejerías de la Junta implicadas en su cumplimiento. Con la simplificación de trámites administrativos ha venido ocurriendo lo mismo que con la propia racionalización y reducción de la Administración autonómica, siempre prometida y siempre postergada o escasamente practicada. En esta ocasión, al decidirse el paso del bloque de medidas por el Parlamento y revestirlo con forma de ley y, por tanto, de obligada obediencia por la Administración regional, podría pensarse que existe una voluntad firme de llegar al fondo de la cuestión y ayudar a que las iniciativas emprendedoras de la sociedad andaluza se desplieguen sin los corsés burocráticos que las están trabando.