LA primera medida anunciada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, después de renunciar a la carrera por el liderazgo nacional del PSOE, ha ido dirigida a uno de los colectivos más directamente golpeados por las políticas de austeridad implantadas por su Gobierno y el de Griñán. La presidenta resaltó en el Pleno del Parlamento del pasado jueves que ha dado instrucciones a la Consejería de Hacienda para que en los presupuestos que se elaboren para el año 2015 se repongan los complementos autonómicos de las pagas extraordinarias de los funcionarios y otros empleados públicos al servicio de la Junta. Ello permitirá al funcionariado percibir las pagas íntegras, tal y como las recibían hasta 2012. Durante dicho ejercicio económico el Gobierno autonómico dictó un decreto eliminando temporalmente dichos complementos con el propósito de reequilibrar las cuentas públicas para cumplir el objetivo de control del déficit marcado por la Unión Europea y el Gobierno español. Esta medida se adoptó con carácter excepcional, pero lo cierto es que la Junta la ha prorrogado en los presupuestos de 2013 y 2014, aunque otras comunidades autónomas la han ido retirando y reponiendo el nivel retributivo de sus empleados. La importancia de esta medida procede de su afectación a alrededor de 260.000 funcionarios y empleados de empresas y otras entidades públicas andaluzas y de que la merma de los salarios de este colectivo ha sido de un 5% de su salario bruto. En términos globales, las arcas autonómicas habrán de desembolsar más de 320 millones de euros. En su momento la Junta argumentó que esta opción de reducción salarial al funcionariado haría posible el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y la evitación de despidos. No obstante, la verdad es que con las tasas de reposición marcadas y el recortes de gastos numerosos empleados interinos no han visto renovados sus contratos, especialmente en los sectores docente y sanitario. Los sindicatos de funcionarios activos en la Administración andaluza han recibido la noticia con sabor agridulce. Consideran positiva la reposición de las pagas extraordinarias en su integridad, pero exigen la devolución de las cantidades dejadas de percibir. Se trata de una reivindicación comprensible, pero de imposible satisfacción, ya que dejaría sin efecto el planteamiento político de la medida adoptada en 2102: cargar una parte notable de la austeridad de la Administración Pública sobre las espaldas de los funcionarios en vez de aplicarla con prioridad a otros colectivos laborales que no tienen garantizado el puesto de trabajo. Es lo que han debido asumir los funcionarios de la Junta.