EL referéndum sobre la independencia de Escocia se ha saldado con un triunfo más rotundo del augurado por las encuestas para los partidarios de la continuidad de dicho territorio dentro del Reino Unido. Varias conclusiones pueden extraerse del acontecimiento. Una, la madurez de un pueblo que no se ha dejado llevar por las motivaciones identitarias y se ha pronunciado sobre su futuro teniendo muy presentes las consecuencias económicas y sociales de las secesión que se le ofrecía. Dos, la actitud ejemplar del líder de los independentistas, Alex Salmond, que tras ver derrotada su apuesta por la independencia ha anunciado en pocas horas su voluntad de dimitir, coherencia que se echa de menos en otros países democráticos. Tres, se refuerza la Unión Europea y se frenan los movimientos independentistas y populistas que, al amparo de la crisis y la incertidumbre, preparaban una oleada de reivindicaciones secesionistas que, de haber cuajado, habrían hecho retroceder a Europa a tiempos anteriores a la II Guerra Mundial, signados por los nacionalismos y la desintegración del viejo continente. Los escoceses han apostado por seguir integrados en una gran nación, que a su vez ha entendido que debe caminar en la línea de la descentralización y la autonomía de sus territorios, como se han comprometido a impulsar los tres grandes partidos del Reino Unido. Por último, en el ámbito nacional, la victoria del no en Escocia supone un duro varapalo para los independentistas de Cataluña, a cuyo frente, en la Presidencia de la Generalitat, se encuentra por ahora un político que había fijado su propia estrategia soberanista en función del resultado que esperaba de la consulta escocesa. No se ha producido. La independencia de Cataluña está hoy mucho más lejos que el jueves. Ha quedado al descubierto, igualmente, la falacia de Mas, que aún repite incansable, de que lo importante es que los ciudadanos escoceses han ejercido el derecho a decidir su futuro y el Gobierno británico lo ha hecho posible, mientras que el Gobierno español le impide ese derecho a los ciudadanos catalanes. El paralelismo no se sostiene, porque ambas realidades históricas son muy diferentes y porque la ausencia de Constitución escrita en el Reino Unido ha hecho posible que Cameron y Salmond pactaran la celebración del referéndum, en tanto que en España la Constitución vigente prohíbe expresamente que una parte del territorio se pronuncie sobre lo que sólo corresponde a todos los ciudadanos del territorio español. Oponerse al referéndum pretendido por Mas no es una decisión arbitraria del Gobierno, sino una exigencia de la legalidad democrática que también obliga a Mas.