TRAS protagonizar un debate de guante blanco y ofrecer la impresión de que el Ejecutivo bipartito PSOE-IU en la Junta de Andalucía enterraba sus diferencias y se unía en el discurso de culpar al Gobierno de la nación de las dificultades para sacar adelante los Presupuestos de 2015, la delicada cuestión de las viviendas ilegales ha abierto una nueva brecha entre los coaligados. No es una grieta si importancia ni fácil de superar. El anuncio por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de una próxima modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para regularizar más de veinte mil viviendas construidas en suelo no urbanizable ha sido seguido por una resolución del Pleno del Parlamento que, a iniciativa del PSOE, ha solicitado acometer precisamente dicha revisión jurídica. Mientras el PP se abstenía, los diputados de IU, que comparten Gobierno con los socialistas, votaron en contra, argumentando que había sido un anuncio precipitado y no consensuado. En el fondo del rechazo de la coalición de izquierdas se encuentra su apuesta por el urbanismo sostenible. La modificación decidida por la presidenta Díaz, que venía siendo demandada por numerosos alcaldes socialistas de los municipios afectados, no implica convertir en urbano el suelo donde se construyeron irregularmente dichas viviendas, pero sí permiten a sus propietarios inscribir las casas y contratar los suministros de luz y agua. En definitiva, se trata de una especie de amnistía, que viene a ampliar las posibilidades de regularización que ya concedió un cambio anterior en la LOUA. Se trata de una marcha atrás en la política de máximo rigor contra las construcciones ilegales, lo que explica que, además de IU, haya sido condenada por asociaciones ecologistas y recibido una seria advertencia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, denunciando cómo una orden política y administrativa se atreve a desafiar al Código Penal, que ordena demoler estas viviendas.