SIEMPRE pensé que de todas las funciones que han de ejercerse en esta sociedad la más delicada, compleja y difícil es la de impartir justicia. Ser juez del comportamiento de otros seres humanos, determinar sus errores, culpas y penas es una enorme responsabilidad que sitúan al juzgador en un plano de superioridad que difícilmente alcanza otra actividad u oficio. Cierto que este trabajo está acompañado de profesionalidad, experiencia, procedimientos, criterios, recursos y jurisprudencia que disminuyen el carácter personal de la función y se pretende plantear como un trabajo técnico y despersonalizado. Pero al final, en el último momento de la decisión o sentencia, siempre hay un factor personal en la que se esconde un criterio humano y por tanto falible.

Una sentencia nunca es una elaboración tan objetiva como la de proyectar un edificio o levantar un puente. Por eso el error humano acecha y aparece en cualquier momento. Esto debió ocurrir en la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que condenó a un ciudadano holandés como supuesto violador de tres mujeres. Hasta ahí el error humano puede incluso justificarse porque nadie está libre de equivocarse en la valoración de una prueba o ser confundido por la declaración de un testigo.

Lo grave viene después. Cuando en función de diligencias policiales, a los dos años de la sentencia, en 2007, por análisis de ADN parece concluirse que el violador no fue el condenado sino otro individuo. Cabría esperar que ante este descubrimiento todas las alarmas saltaran, se desplegara una inusitada aceleración de las actuaciones judiciales y se tratara de enmendar el error que mantenía en la cárcel a un hombre inocente. Pues no señor. Entre trámites, suplicatorios, recurso de revisión, modificación de la instrucción y dilaciones técnicas, el ciudadano holandés aún hoy, después de casi 15 años, se mantiene recluido en su celda en espera de la solución de su caso.

Pero lo peor es que una vez que se ha descubierto esta gravísima anomalía, las autoridades judiciales, lejos de intentar reparar la injusticia y buscar responsabilidades por esta negligencia judicial, han intentado difuminarlas e ir rebotándola desde la juez de instrucción al Tribunal Supremo, pasando por adjudicarle la responsabilidad a la falta de recursos humanos y materiales de la judicatura. La justicia debe ser ciega e imparcial pero nada impide que los jueces sean más humanos y por tanto deba asumir responsabilidades como mortales que son.