CON más de un 1,4 millones de desempleados, de los que un 63% lleva más de un año sin trabajo, es comprensible que los andaluces identifiquemos al paro como el principal problema de región y que la creación de empleo sea el principal objetivo político de la comunidad. Pero, curiosamente, este objetivo prioritario no ha surgido como consecuencia de la crisis económica, sino que, como se desprende de los programas políticos y los planes económicos, la reducción del paro es el principal objetivo político de Andalucía de las tres últimas décadas.

¿Por qué no lo resolvemos? Como todas las realidades económicas el paro estructural de Andalucía tiene diversas motivaciones y, entre ellas, se deben conjugar los condicionantes históricos, con la baja dotación de factores de producción cualificados (capital físico, humano y tecnológico) y las restricciones institucionales (regulaciones inadecuadas, poder político y económico poco inclusivo, cultura y comportamientos colectivos no muy incentivadores de la innovación y el progreso...). Pero en este artículo quiero llamar la atención en que el énfasis en la lucha contra el paro puede convertirse en una restricción para la solución del problema por diversas razones.

En primer lugar, porque cuando se supeditan todas las políticas públicas a la lucha contra el paro no se alcanzan los objetivos específicos de dichas políticas, que precisamente son las que posibilitan el crecimiento a largo plazo. Así, cuando en políticas sectoriales, como la industrial, de I+D+i, comercial, turística, agroalimentaria, etc. la creación de empleo a corto plazo es el objetivo prioritario, se desplazan a segundo plano los objetivos específicos de las políticas sectoriales que tratarán de ampliar y modernizar la capacidad productiva, lo que puede mejorar su competitividad, aumentar su producción y, por ende, el empleo.

Por otra parte, porque buena parte de las políticas que tienen el objetivo específico de crear empleo se han mostrado poco eficientes según ponen de manifiesto evaluaciones internacionales. Tal es el caso de los incentivos financieros a la creación de empleo en el sector privado, con escasos efectos netos sobre el empleo, y que generan frecuentemente efectos indeseados, como el efecto "peso muerto", para aquellos puestos de trabajo que se hubiesen creado igualmente sin necesidad de gasto público, o el efecto "sustitución", en los que el empleo subvencionado sustituye a otro empleo sin subvención. Y aún menos eficiente es la creación de empleo público cuando el objetivo es la creación de puestos de trabajo y no el de la prestación de un servicio y, por pasiva, el mantenimiento de empleo público aunque no sea necesario para la prestación de los servicios públicos, práctica bastante extendida en las administraciones andaluzas, y cuyo ahorro podría generar actividad y empleo en el sector privado.

En Andalucía también tenemos numerosos ejemplos de ayudas a empresas en dificultades para mantener el empleo, tales como Santana Motor, Hijos de Andrés Molina, Delphi, minería de la Faja Pirítica, etc., que han supuesto gastos desmesurados para mantener empleos sólo mientras se mantenían las ayuda públicas, favoreciendo la cultura del subsidio y, en algunos caso, propiciando la corrupción.

Mención singular merecen las iniciativas de los ayuntamientos que, limitados en sus competencias para el fomento económico y del empleo, no quieren dejar de contribuir a la lucha contra el paro. Un caso frecuente es la atracción de centros comerciales, pues las facilidades a la instalación de una nueva superficie comercial se suele publicitar justificándola con el número de empleos que se crearía (promesa de empleos directos que luego nadie contrasta con la realidad y, especialmente, el bluf de los "empleos indirectos"), cuando el empleo en el sector comercial es esencialmente un juego de suma cero; es decir, que si se crea empleo en un nuevo comercio termina destruyéndose en otros por el efecto sustitución y porque la capacidad de consumo no aumenta por el aumento de la oferta, máxime cuando en los comercios tradicionales está muy generalizado el subempleo. Esto no debe interpretarse como una recomendación de frenar o poner dificultades a nuevos proyectos comerciales, sino de no de otorgar ventajas justificadas por la creación de empleo.

En conclusión, si bien la disminución del paro debe ser el principal objetivo de la política económica andaluza, su consecución sólo es factible sobre la base de empleos eficientes que permitan un crecimiento económicamente sostenible, y su erradicación es un proceso a medio-largo plazo que pasa por la creación de empresas y el desarrollo de las existentes. Por el contrario los gobernantes tienen tensión por el corto plazo, por lo que prefieren poner en marcha programas cuyos resultados se puedan visualizar inequívocamente con sus iniciativas, pero ya tenemos experiencia de décadas tratando de forzar la creación de empleo con políticas que son pan para hoy y hambre para mañana.