EN un tiempo en el que a las secuelas de la crisis económica se une una profunda crisis política-institucional, es comprensible que los españoles estemos tan preocupados con el presente que olvidemos el futuro a medio y largo plazo, aunque éste venga en gran medida determinado por lo que hagamos ahora. Pero lo cierto es que esta despreocupación por el futuro colectivo nos caracteriza. Así ocurrió en el periodo del boom inmobiliario y de endeudamiento, cuando nadie quería dar crédito a los estudios económicos que alertaban de los riesgos de un patrón de crecimiento desequilibrado y con los pies de barro.

Por ello, deberían tenerse en consideración dos estimaciones recientes sobre el crecimiento potencial de España, que han pasado desapercibidas. Las estimaciones han sido realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, y alertan sobre el muy bajo crecimiento previsible en el futuro próximo.

Por crecimiento potencial se entiende la tasa de crecimiento a la que puede aumentar el PIB utilizando plenamente los factores de producción (capital físico, trabajo y tecnología) sin crear tensiones inflacionistas por la sobreutilización de los factores.

En el primero de los informes referidos, el FMI advierte que es probable que España afronte un largo periodo de bajo crecimiento del PIB a medio plazo (1%) y alto desempleo, y señala a los bajos niveles de productividad como una de las principales restricciones de la economía española, ya que ésta sólo mejora destruyendo empleo, pero casi nada si se contabiliza la productividad total de los factores.

Según la Comisión Europea, si bien a corto plazo se podría crecer a tasas del 2% sin generar tensiones inflacionistas (porque el PIB está ahora lejos de su nivel potencial, al existir factores ociosos), las dificultades para el crecimiento potencial se producirían antes de que termine esta década y podría ser aún menor que el estimado por el FMI.

Así, por tanto, una vez superada la crisis, las previsiones de crecimiento potencial del PIB estarían muy por debajo del crecimiento medio de las fases anteriores de expansión (del 6,8% en el periodo 1960/74; del 4,5% en 1986/90; y del 3,7% en 1994/2007). No obstante, como la teoría y la evidencia histórica ponen de manifiesto, es normal que el crecimiento potencial vaya reduciéndose en los países desarrollados, mientras que los países emergentes tienen posibilidades de alcanzar tasas de crecimiento más elevadas al poner a todos sus factores productivos a trabajar combinándolos con el acervo tecnológico mundial, por lo que el problema para España no es que el crecimiento potencial sea menor que en anteriores fases expansivas, sino que sea tan bajo que imposibilite la creación de empleo.

Estas estimaciones tienen su reflejo en la incapacidad que viene mostrando la economía española para superar el patrón de crecimiento de los años del boom inmobiliario. Es evidente que el binomio construcción-actividades inmobiliarias, que llegó a significar el 20% del PIB español no volverá a tener la misma relevancia en la economía española, pero no tenemos indicios de la puesta en marcha del "nuevo modelo productivo", cuya necesidad se viene invocando desde el inicio de la crisis.

Pero estamos a tiempo para mejorar nuestro crecimiento potencial. Para ello tendríamos que recordar la máxima de Paul A. Samuelson de que "la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo", y que para aumentar la productividad hay que aumentar la cantidad y calidad de los factores de producción y mejorar su eficiencia. Se puede argumentar que las restricciones factoriales a las que se hace referencia en este artículo casan mal con la existencia de 5,4 millones de desempleados que forman parte de la población activa, pero una parte significativa de esos parados no son fácilmente empleables por falta de formación, o porque sus cualificaciones han quedado obsoletas después de mucho tiempo de inactividad o superadas por el cambio tecnológico, por lo que las políticas activas de empleo tienen tarea si se asegura su control y calidad. Asimismo es necesario aumentar el capital productivo, lo que exige inversión tanto interna como extranjera, para las que la estabilidad política y económica y la seguridad jurídica son determinantes; y finalmente, innovación y desarrollo tecnológico, para lo que la inversión pública debe contribuir, pero, tanto o más importante es promover unas condiciones de competencia que exijan a las empresas a una tensión innovadora si quieren permanecer en el mercado.

La necesidad de abordar estas políticas es ampliamente compartida, la restricción es que sus resultados tardan años en materializarse, por lo que el problema se encuentra en lo que señaló el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker: "Todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo hacerlo y ser reelegidos".