el prisma

sebastián Sánchez

Castigados sin desayuno y merienda

CUANDO la política pierde cualquier atisbo de humanidad se convierte en mentira, en una macabra fantasía cuyo único fin es pervertir la realidad y manipular. No puede entenderse de otro modo el gesto de cara a la galería protagonizado esta misma semana por la Junta de Andalucía en su afán por intentar encubrir su incapacidad económica y administrativa en la aplicación de una medida como el reparto de comida para los escolares en situación de exclusión. Lo que en origen se encumbró como una práctica institucional de indudable valor ha acabado por sucumbir en el entramado burocrático de una administración cuyos gestores en la provincia no saben, no contestan. O sabiendo, prefieren omitir la verdad de lo que viene sucediendo desde que arrancase el presente curso escolar.

Casi de manera inesperada, a punto de expirar el primer trimestre del curso sin que decenas de menores hayan degustado los manjares prometidos, el maná se hizo presente. Dos días de reparto y de manera desigual, puesto que muchos centros incluidos en el área de acción del plan regional, no tuvieron la fortuna de ver aparecer las bolsas con zumo y galletas para el desayuno y un bocadillo, para la merienda-cena.

Lo dantesco del asunto es que más allá del oportunismo de la medida, en la antesala de los ágapes navideños, nadie puede asegurar con certeza que la iniciativa tenga continuidad tras el regreso del alumnado a principios de enero. Sería el mejor regalo de Reyes que pudiera hacerse no sólo a los pequeños, sino también a sus familias, que durante al menos un tiempo encontraron en esta colaboración institucional un vía libre de peaje mediante la que esquivar al hambre.

Frente a los mensajes carentes de contenido que se lanzan desde el poder autonómico, la incertidumbre que genera ver cómo en parte de los envíos llegados el pasado miércoles a colegios como el Doctor Gálvez Moll, en la barriada de La Palmilla, y el Severo Ochoa, al que acuden alumnos de La Corta, se leía una nota con el mensaje: "Para Málaga, Axarquía y Granada son dos días, jueves 18 y viernes 19 de diciembre hasta nuevo aviso de la Junta de Andalucía (no se continúa en enero)".

¿Y después qué? No crean que el interrogante no ha sido formulado. La respuesta formal es que todo volverá a la normalidad, que las bolsas con comida serán entregadas conforme a lo previsto. Pero ¿cómo creer a quien antes ha incumplido? ¿Cómo asumir como válida la contestación cuando la misma procede de esos mismos responsables públicos que ignoran las razones mismas del problema? Días atrás, interpelado sobre el asunto, el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, José Luis Espejo, dijo desconocer los motivos de lo ocurrido. Su ignorancia era compartida por la delegada territorial de Educación y Cultura, Patricia Alba, quien incluso se encargó de poner de manifiesto que el programa de acción parte de una consejería distinta a la suya, la de Salud.

Como si ello sirviese de explicación. Quizá ocurra algún día, por error u omisión, que la cuenta bancaria en la que todos los meses ingresan sus nóminas los delegados provinciales, que les permiten vestir elegantemente, como es de recibo ostentando el cargo que tienen, sufra un fallo del sistema que impida percibir lo que muy honradamente se habrán ganado con su trabajo. Quizá ese día pasará a ser una semana y esa semana se convertirá en un mes y ese mes en un trimestre. Quizá ese día, alguien al ser preguntado por lo ocurrido se limite a gesticular, a mover los labios haciendo como que dice algo pero en realidad no dice nada y, finalmente, admita que no tiene ni idea de lo que ha pasado.

Desde hace años la realidad económica que rodea al Metro de Málaga es bien conocida. Nadie podía esperar en los orígenes del proyecto, allá por el año 2003, cuando se firmó el acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, para impulsar construcción, ni a finales de 2004, cuando se formalizó la adjudicación de la obra y explotación del nuevo medio de transporte, que el mismo fuese a ser rentable. No se espera eso de un transporte público, cuya verdadera rentabilidad es la social. Pero tampoco era imaginable la envergadura de la losa que va a recaer sobre las arcas públicas, que es el bolsillo de todos los andaluces, la puesta en funcionamiento de un proyecto tan ansiado como, ahora, cuestionado.

Los últimos datos dados a conocer por la Cámara de Cuentas, tomando como base la información aportada por la Agencia de obra Pública de Andalucía, son apabullantes. El grosor de los números que se relacionan en el documento con el coste real del suburbano es inversamente proporcional a la asunción de responsabilidades políticas en la conformación de lo que, para algunos, es ya una auténtica ruina.

Del orden de 2.600 millones de euros se estima supondrá el Metro para el erario público andaluz en el intervalo hasta el año 2042, cuando vence el periodo concesional de la infraestructura. La cuantía gana en realidad cuando se compara con lo que, según los datos oficiales, iba a suponer el modelo original, aquel que se contrató por 403 millones de euros (incluyendo el material móvil), y que, tras concluir la explotación, alcanzaría una cota nada despreciable de unos 1.200 millones de euros.

En el transcurrir de una década, la ecuación se multiplica por más de dos. La obra, estimada en unos 362 millones, rozará los 800 millones una vez culminen los tajos entre el río Guadalmedina y la estación Atarazanas y el que, en superficie, habrá de enlazar la zona de El Corte Inglés con el entorno de los hospitales Materno Infantil y Civil.

Casi una veintena de modificados en el presupuesto, cuatro tramos asumidos por la Junta de Andalucía y restados de las cuentas del socio privado, numerosos aplazamientos de puesta en servicio ante la incapacidad de asumir los periodos previstos, varias modificaciones del contrato de concesión y renegociaciones de las condiciones económicas con el Banco Europeo de Inversiones, cinco consejeros andaluces... Y, entre tanto vaivén de cifras y realidades, ni uno solo de los gestores públicos que participaron activamente en el descalabro ha asumido responsabilidad alguna.

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