LA Unión Europea mira con preocupación la tragedia griega y la guerra ruso-ucraniana, pero parece anestesiada ante las incesantes muertes de gente desesperada que intenta pasar el Mediterráneo hacia el norte, desde Libia a Italia, o desde Marruecos a España, en busca de un futuro mejor. Diez personas acaban de morir en el mar frente a Nador, al lado de Melilla, cuando trataban de cruzar hasta las costas andaluzas. Al parecer era un transporte de subsaharianos y sirios. Las mafias que se dedican a este negocio aprovechan la mar arbolada para ocultar a los radares la presencia de sus frágiles barcas, lo que hace mucho más peligrosa la travesía.

Estos muertos son silenciosos, anónimos. A veces nadie reclama los cadáveres recogidos por los barcos de salvamento españoles. En otras ocasiones, los cuerpos ni siquiera aparecen; no hay estadística fiable de víctimas mortales en este mar que nos separa y nos une a África. Pero el drama es diario: en diciembre los servicios de rescate de Marruecos recuperaron los cadáveres de 12 adultos y ocho bebés tras el naufragio de una patera a dos millas de Tánger.

En este momento se espera un aumento de la presión migratoria hacia Ceuta, Melilla y Andalucía, porque Marruecos ha cerrado el período de regularización de emigrantes que abrió durante todo 2014 y circula la idea de que los extranjeros indocumentados serán expulsados. Se trata de decenas de miles de personas que aguardan la oportunidad de pasar a territorio europeo. Y mientras en este lado del mar preocupa el terrorismo auspiciado por el integrismo islámico, Europa sigue sin un plan de desarrollo para paliar la enorme diferencia de renta que la separa de los países de África Occidental.

Las doce naciones de este África subsahariana se empobrecen al mismo tiempo que multiplican su población. Entre los 80 y los 2000, han pasado de 50 a 100 millones de habitantes. Las remesas de sus emigrantes en el primer mundo aportan más riqueza a sus países que la inversión extranjera que les llega. El conjunto de su economía es equivalente a la de Canarias, cuando en 1980 era ocho veces mayor. Pero esta estadística no causa inquietud en Bruselas. La UE sigue sin una política de inmigración común y sin un plan de integración de la población foránea. Sólo comparte un férreo control de sus fronteras, que se endurece tras atentados como el de París de hace unas semanas. Y esta situación se prolonga mientras el drama económico y humanitario de África se agrava.