Quosque tamdem

luis Chacón

Legislar por legislar

BASTA con haber frecuentado las aulas de una Facultad de Derecho para recordar el viejo principio jurídico romano que se enuncia como ignorantia iuris non excusat y que nuestro veterano Código Civil recoge en su artículo seis al afirmar que "la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento". Demanda tan estricta como la definición latina de la norma -dura lex, sed lex- que grandes juristas clásicos como el insigne Papiniano quisieron suavizar, pues creían que no podía exigirse a las masas iletradas en aquellos lejanos tiempos de panem et circenses, no tan distintos a estos de -permítanme la humorada- subventionem et televisiones. Aunque la gente no siempre conozca la ley, suele tener claro que es justo y que no.

No sé que hubieran pensado aquellos ilustres jurisconsultos si llegan a saber que en 2014, entre el BOE y los diecinueve Boecitos autonómicos han rozado el millón de páginas editadas; 983.130 para ser exactos. Las normas se publican para su general conocimiento pero hemos de admitir que los Boletines Oficiales no son la lectura habitual de la sala de espera del dentista o de la peluquería, ni nunca han formado parte de las listas de libros más vendidos.

Aunque una parte importante de esa locura editora corresponda a anuncios, nombramientos y demás publicidad institucional obligatoria es fácil colegir de un dato tan desmesurado que el entramado legislativo español es denso, complejo, cambiante y ultrarregulatorio. Desde 1970, sólo el estado ha publicado casi mil quinientas leyes y unos doce mil decretos. Parece que los gobiernos quieren imponer sus principios esgrimiendo el BOE como aconsejó Romanones a sus ministros; "dejen que las Cortes hagan la ley que ya haremos nosotros el reglamento".

Pero la realidad es que tanta hiperactividad normativa genera inseguridad jurídica. Y además, las economías tan reglamentadas disuaden a cualquiera de emprender un negocio. Se teme al desconocimiento, pues no hay dos normas coincidentes aunque regulen lo mismo, al coste de asesoramientos solapados y a la volubilidad del legislador que suele cambiar de idea como de camisa.

Nunca es buena tal exuberancia normativa porque siempre crea problemas, de exceso de regulación, rigidez y fragmentación de los mercados y trabas a la creación de riqueza. Y sin embargo, cada vez suenan más voces políticas y sociales reclamando una mayor regulación estatal. Debe ser que nunca han leído el BOE.

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