TODO apunta a que mañana, en la final de la Copa del Rey de fútbol, se producirá nuevamente una estridente pitada a dos símbolos nacionales: el rey Felipe VI y el Himno de España. Se trata de conductas frontalmente contrarias a la legislación vigente.

En efecto, el Real Decreto que regula el Himno nacional de España establece que debe oírse en "actitud de respeto", y el Código Penal (art.543) tipifica como delito "las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas, o a sus símbolos y emblemas" (tanto la bandera como el himno y la Corona son símbolos nacionales), mereciendo la pena de multa de siete a doce meses.

Pero lo más llamativo en este asunto es que pitar a un himno nacional es una conducta frontalmente contraria a los valores deportivos. La Carta Olímpica, verdadera Constitución del sistema deportivo, proclama en su Principio Fundamental Sexto que "cualquier forma de discriminación contra un país o una persona basada en consideraciones de raza, religión, política, sexo o de otro tipo es incompatible con la pertenencia al Movimiento Olímpico".

Es más, la Ley contra la violencia en el deporte (art.2) considera como actos racistas, xenófobos e intolerantes la entonación, con motivo de la celebración de actos deportivos, de cánticos, sonidos o consignas que contengan mensajes vejatorios o intimidatorios para cualquier persona por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, por la religión, las convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como los que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución.

Ante esta actitud ¿qué cabe hacer? ¿Cabe suspender el partido? Acudiendo a la Ley contra la violencia en el deporte (art.15) considero que no, por dos razones. La primera, porque el desalojo del estadio sólo procede cuando los altercados sean continuados, persistiendo después de un primer periodo de suspensión temporal del partido; y no parece que en este caso el incidente se prolongue más allá de la interpretación del Himno nacional. La segunda razón consiste en que la decisión de aplazar el partido se ha de adoptar tomando en consideración diferentes factores, entre los que destaca, especialmente, "la previsible evolución de los acontecimientos que pudiera suponer entre el público la orden de desalojo" (art.15.2 b), y parece obvio que la decisión de suspender el encuentro y desalojar el estadio (99.000 espectadores) puede derivar en graves altercados, resultando peor el remedio que la enfermedad.

Ahora bien, eso no significa que la conducta (la pitada) sea lícita, y que sus autores no se expongan a consecuencias. Aunque sea grotesco iniciar expedientes sancionadores o penales contra 99.000 personas, tampoco resulta educativo consentir que gocen de impunidad conductas flagrantemente ilegales, porque al banalizarlas también se postergan los sentimientos y los valores de muchas personas, haciendo prevalecer precisamente los de quienes se comportan indebidamente. Hablamos de democracia y de Estado de Derecho. Hablamos de respeto a las opiniones y a los símbolos nacionales. Y no podemos olvidar que en todo este complicado problema hablamos también de preservar los valores deportivos. Es profundamente paradójico que miles de personas asistan a un acontecimiento deportivo con la previa y deliberada intención de transgredir sus valores intrínsecos, sus fundamentos esenciales.

En ese aspecto todos somos responsables, inculcando en nuestro entorno la cultura de la tolerancia, el respeto de las reglas y de los demás. Es inadmisible que personas con responsabilidades públicas inciten a la violencia y a la intolerancia en un evento deportivo. El uso político del deporte es propio de los regímenes totalitarios, y se debe erradicar de su seno toda manipulación que distorsione los valores de integración, tolerancia y convivencia que el deporte debe alimentar.

Por consiguiente, si la vejación de los símbolos nacionales (ya sean de las CCAA, de España o de otros países) es contraria a los valores deportivos, las consecuencias que ese hecho acarree habrían ser también de naturaleza deportiva. Cabe pensar en muchas opciones: la clausura del recinto deportivo de los clubes implicados durante una serie de encuentros de la temporada siguiente (esta misma extensión de sanciones a la nueva temporada se viene aplicando ya a los jugadores que tengan partidos de suspensión pendientes de cumplir) o la exclusión de la participación de los clubes implicados en sucesivas ediciones de la competición.

Pero lo que a mi juicio no cabe hacer es dejar que el problema siga pudriéndose, pues a la larga acabará engendrando más violencia. La libertad de expresión termina donde empiezan los valores constitucionales y el derecho de los demás. Eso es lo verdaderamente democrático en las culturas avanzadas a las que nos preciamos de pertenecer.