EL candidato del PP a la presidencia de la Generalitat advirtió hace unos días que "la solidaridad de Cataluña ha de tener unos límites". La cosa no tendría mayor importancia si en las palabras de un catalán españolista, de los de banderita en la correa del reloj, no hubiese un cierto eco del sentimiento del agravio cultivado por sus adversarios nacionalistas. Lo que resumen burda y groseramente en "España nos roba". No digo que no haya razones para el malestar en Cataluña con un sistema de financiación con el que, por una razón u otra, todas las comunidades se sienten discriminadas. Pero la realidad es que los contribuyentes de todo el país estamos sometidos al mismo régimen fiscal y por lo tanto somos todos igualmente solidarios. Hacerlo según el nivel de ingresos de cada cual supone, en términos comparativos, un mayor esfuerzo para los que menos tienen. Los impuestos indirectos lo pagan por igual el parado que el directivo de una empresa del IBEX. Por otra parte está lo que, por ejemplo, el Estado ingresa a través del impuesto de sociedades de grandes bancos o consorcios empresariales por los beneficios obtenidos por sus actividades en toda España o el extranjero. Estas corporaciones tienen su domicilio fiscal en Madrid o Barcelona por lo que esos ingresos son indebidamente considerados parte de la solidaridad de estas comunidades con el resto del país.

Es obvio que hay zonas cuya población tiene una renta superior a la media y mayor actividad económica. Dividir, en términos de solidaridad, fiscalmente el territorio por comunidades, regiones o nacionalidades es tan arbitrario como hacerlo por ciudades, provincias o barrios. Las desigualdades se producen tanto en el conjunto del país como dentro de cada comunidad. No son Cataluña o Andalucía, como sujetos fiscales colectivos, quienes hacen la declaración de la renta o pagan impuestos con los productos que consumen. Lo hacen individualmente los contribuyentes de las distintas comunidades, sujetos a las mismas obligaciones tributarias.

El fin de un sistema fiscal de carácter progresivo es precisamente favorecer la transferencia de rentas. Algo que, efectivamente, también se puede medir en términos territoriales. Aunque lo correcto es hacerlo entre sectores de diferente nivel económico, al margen de donde residan. La alternativa sería eliminar la progresividad del sistema. Pero esto supondría una sustancial alteración del Estado Social y de Derecho.