Editorial

Andalucía vuelve a cumplir con el objetivo de déficit

ENTRE los logros más importantes de los tres años de gobierno de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, destaca la contención del déficit de las cuentas públicas. Nuestra comunidad ha realizado un esfuerzo considerable para cumplir con los objetivos impuestos por el Gobierno central y Bruselas, que responden al convencimiento de que la contención del gasto por parte de las administraciones es fundamental para superar la complicada situación en la que quedó España al estallar la crisis económica. Los datos no dejan lugar a las dudas y, en 2015, las cuentas de la Junta cerraron con un déficit del 0,81%, apenas una décima por encima del objetivo fijado. Es verdad que esta cifra es la facilitada por la Junta y que todavía tiene que ser validada por el Ministerio de Hacienda, pero según lo observado en los últimos años apenas sufrirá un mínimo incremento tras su paso por Madrid.

El esfuerzo realizado por la Junta merece nuestro aplauso. En primer lugar porque marca claramente la lealtad de Andalucía con el Gobierno de España (pese a ser de signos políticos distintos) en unos momentos en los que algunas autonomías, como el paradigmático caso de Cataluña, han decidido obviar los objetivos de déficit. En segundo, porque a nadie se le escapa que, al igual que en cualquier economía familiar, es importante que los gastos se adecuen a los ingresos o que, al menos, se cuente con un endeudamiento sostenible. Cumplir el objetivo de déficit -que ha sido un empeño personal de Susana Díaz- significa antes que nada dar una imagen de Administración seria y no derrochadora en el gasto, con el atractivo que tienen estos atributos para los inversores y los mercados financieros. Mientras menos deuda tenga Andalucía, más barato nos costará el dinero que necesitamos para financiarnos.Sin embargo, como casi todo, el cumplimiento del objetivo del déficit tiene también su lado oscuro. Muchas veces se ha logrado a base de una reducción traumática del gasto que han soportado, principalmente, sectores como los servicios sociales o la investigación científica. Muchos colectivos e instituciones han visto sus subvenciones cortadas prácticamente sin previo aviso y la construcción de viviendas sociales o de depuradoras de agua han quedado paralizadas. Esto habrá que tenerlo muy en cuenta cuando las cuentas públicas comiencen a recuperarse. Será el momento de pagar la deuda social generada por unos recortes que, en muchos casos, han sido inevitables.

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