EL Gobierno de la nación ha respondido a la reiterada desobediencia del Parlament al Tribunal Constitucional como se esperaba que hiciese: pidiendo al Alto Tribunal que abra la vía penal contra la presidenta de dicha asamblea, Carme Forcadell, entre otras medidas. Según la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, la catalana es "la persona claramente implicada y afectada" en el dislate del pasado miércoles, cuando los independentistas forzaron el debate y posterior aprobación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, una especie de hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña, lo cual había sido expresamente prohibido por el TC. Carme Forcadell, como presidenta de la Cámara catalana, tenía que haber evitado dicho debate y no lo hizo, y escudarse como hizo ayer en el derecho a la libertad de expresión no deja de ser una falacia. Nadie le está discutiendo a Forcadell su derecho a pensar y expresar sus ideas independentistas, pero como primera autoridad del Parlamento catalán debería saber que el respeto y acatamiento de las decisiones de los tribunales es una de las piedras angulares de la democracia. Poner cara de sorprendida, como hizo ayer Forcadell, es un ejercicio de cinismo político difícilmente superable.

El Gobierno acierta con el paso dado y al afirmar que la actitud tomada por el Parlament "vulnera de manera flagrante el Estado de Derecho y el orden constitucional". También acierta cuando requiere al resto de la Mesa de la Cámara catalana y al Gobierno de la Generalitat que se abstengan de realizar cualquier iniciativa para desarrollar dicha resolución ilegal. Es hora de que en Cataluña se empiece a cumplir la ley. Si sus políticos, que están dando muestras de una inmadurez y un aventurerismo alarmantes, no son capaces de hacerlo deberán responder ante los tribunales, como cualquier ciudadano español. No se puede seguir tolerando el desacato al Tribunal Constitucional. Nadie esta por encima de la ley.

Gracias al recurso presentado por el Gobierno -conocido técnicamente como incidente de ejecución- los responsables de este ataque al ordenamiento constitucional podrán ser multados y suspendidos de sus funciones. No podría ser de otra manera. Los independentistas han convertido las instituciones catalanas en órganos partidistas desde los que se practica la ilegalidad, algo que no puede ser tolerado. El Gobierno hace bien en intentar poner, al fin, coto ante tanto disparate.