AYER, a las seis y media de la tarde en la Plaza de la Marina, numerosas ONG y asociaciones convocaron una concentración en contra de la ordenanza del Ayuntamiento de Málaga que permite multar a las prostitutas por ejercer en la calle. El artículo 36.5 de la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano establece que "se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana."

El manifiesto que pide la abolición de este artículo va firmado por gran parte del tejido asociativo malagueño que guarda relación con esta problemática como son: Casa Invisible, Feministas Nómadas, Oficina de Derechos Sociales-Málaga, Colegio de Trabajadores Sociales de Málaga, Asociación de Igualdad de Género Universitaria, Prodiversa-Progreso y Diversidad, Universidad de Málaga, Vicerrectorado de Igualdad y Bienestar Social de la UMA, Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, INCIDE (Inclusión, ciudadanía, diversidad y educación), Asociación por la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer, Arrabal, CIC Batá, Aldarte-Centro de atención LGTB, ASIT, Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, Ojalá, Plataforma Violencia Cero, JOMAR y Círculo IMO.

Así, tal y como establece el Manifiesto firmado por dichas ONG y asociaciones, se denuncia "la criminalización del colectivo de trabajadores del sexo, el acoso económico al que viene siendo sometido, el considerable incremento de sus condiciones de peligrosidad, que la aplicación de la normativa viene generando entre dicho colectivo. En este sentido denunciamos que de las 85 primeras denuncias, 80 se han interpuesto a las propias trabajadoras del sexo, multas que llegan hasta los 1.500 euros. Se está pidiendo documentación a personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa como medida coercitiva. Así mismo, denunciamos lo arbitrario de la denominación "prácticas sexuales", que queda sujeto a la interpretación de los cuerpos de seguridad o las respectivas policías. Este tipo de normativas recuerdan a la ley de vagos y maleantes en las que por ser pobre, prostituta, homosexual o vestir diferente era objeto de criminalización y recuerdan que no puede haber disfrute seguro de los propios derechos, sin garantías frente a la arbitrariedad pública y privada.

"Se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana". Toda discriminación que sufren las mujeres atenta contra la mía propia. Algunas, aún no sufriéndolas yo misma, me duelen por aberrantes. Y no soporto la hipocresía. En la calle no está bien, pero podemos estar en la playa rodeada de niños y niñas y ver pasar una avioneta anunciando prostíbulos. Si ésta es una práctica social indeseable cuando se ejerce en la calle, también lo es fuera de ella. En este sentido, los clubes de alterne no son en absoluto la solución. Se nutren de víctimas del tráfico de mujeres, haciéndolas trabajar en condiciones infrahumanas. Según estimaciones policiales, el 90% de las mujeres que trabajan en esos lugares son extranjeras y un porcentaje muy significativo de éstas están en manos de redes de trata.

Por ello, en 2009 el Gobierno aprobó el plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que reconoce que esta trata es una clara vulneración de los derechos humanos, además de ser una realidad que afecta fundamentalmente a mujeres y niñas, según las propias estimaciones de la ONU. En la línea de este plan estatal se deben abordar soluciones viables en colaboración y coordinación con todas la administraciones y la sociedad en general.

Sin embrago, en Málaga ante el incremento de la demanda ciudadana de dar una respuesta desde el Ayuntamiento, determinadas asociaciones que venían reivindicando una repuesta ante este problema presentaron una serie de alegaciones a la ordenanza de convivencia para que se incluyesen en la misma sus propuestas relativas a la prostitución, lo que ha conllevado que la parte de la ordenanza que se refiere a prostitución sea claramente insuficiente hacia las víctimas.

Es necesario apostar por la erradicación de la prostitución, principal causa del tráfico de mujeres y niñas. Siempre hay quien dice que la prostitución no va a desaparecer nunca y yo digo que aunque así fuera nunca ha habido tanta como hoy en día, ni en estas condiciones ni conllevado tráfico de personas por lo que es imperativo dar una solución real, profunda y de futuro.

Que las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, las personas que gobiernan, en este caso pertenecientes al Partido Popular, no actúen a favor de las personas discriminadas o víctimas de una sociedad imperfecta, es indignante. Las ordenanzas y otros medios coactivos y sancionadores, deben ser, exclusivamente, un instrumento dentro de un plan de acción integral y deben contemplarse, con total sensibilidad, a la situación de víctimas de las mujeres. Por lo tanto, en ningún caso debe sancionarse a las mujeres víctimas de las mafias de trata de seres humanos en su mayoría ni acordar medida alguna que las excluya aún más de la sociedad. Y lo que sí debe haber son medidas y acciones que conduzcan a minimizar la demanda, a desalentar este consumo.