Horas de espera a las puertas de los juzgados de Ronda terminaron ayer pocos minutos antes de la cinco de la tarde, cuando el momento más esperado por los congregados se hacía realidad. El ex alcalde rondeño, Antonio Marín Lara, salía por las puertas del Palacio de Justicia tras pasar a disposición judicial y declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2. Queda en libertad bajo fianza de 150.000 euros, que tendrá que depositar en un plazo de 15 días, y se le imputan los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y tráfico de influencias, según indicaron fuentes judiciales.

Marín Lara había anunciado desde el interior de la sede judicial que saldría por la puerta, en lugar de oculto en algún coche por la puerta trasera, como habían hecho hasta el momento el resto de detenidos que fueron puestos en libertad con cargos durante la mañana de ayer y la jornada del pasado miércoles. El exregidor ya había dejado un gesto claro a la entrada a los juzgados de que no pretendía ocultarse de las cámaras de televisión y fotografía, al no utilizar ningún tipo medida para ocultar su rostro cuando era conducido camino de los arrestos municipales para ser puesto a disposición judicial.

Una vez libre se paró durante unos segundos a atender a los medios de comunicación presentes, en lugar de hacerlo su abogado, y se mostró rotundo a la hora recalcar su inocencia. "Demostraré mi inocencia, igual que los demás", dijo Marín Lara, para seguidamente añadir que "estoy en libertad y con toda la confianza habida y por haber, como he tenido en las 62 denuncias anteriores que me han colocado IU, Los Verdes, etcétera".

Además, se mostró más preocupado por la situación de sus compañeros que por la suya misma, ya que "es mi 63 batalla judicial, estoy habituado ya a este tipo de cosas", aunque reconocía que el resto de detenidos en esta operación policial denominada Acinipo "quizás no estén acostumbrados tanto a las denuncias". Eso sí, mostraba su confianza en la justicia y pedía que se la deje actuar para resolver esta investigación, que se destapó el pasado martes cuando agentes de la Udyco Costa del Sol intervenían el Ayuntamiento de Ronda y la sede de Urbanismo para practicar sendos registros. A ello se unían más registros en domicilios particulares y sedes de empresas en Ronda y Madrid.

Aunque la principal atención estaba puesto sobre Marín Lara, con anterioridad habían pasado a disposición judicial el ex primer teniente de alcalde, Francisco Cañestro, y el abogado de una promotora rondeña, M. A. B. Fue este último el primero en ser trasladado a Ronda. Sobre las 10:00 hacía su entrada al Palacio de Justicia en un vehículo camuflado y tapando su rostro con una chaqueta. Tras unos 40 minutos de declaración ante la juez quedaba en libertad con cargos pero sin fianza. Su abogado, Antonio Becerra, se mostraba satisfecho tras la comparencia y afirmaba que "él ha explicado lo que sabe con total tranquilidad, no tiene implicación ninguna; él era un mero trabajador de la empresa". No obstante, según la versión del letrado, es muy probable que tenga que volver a declarar nuevamente, en función de cómo evolucione la investigación.

Mientras tanto, Francisco Cañestro, era el segundo en llegar hasta la sede judicial rondeña, aunque junto a él también lo hacía el ex alcalde, Antonio Marín Lara. Optó por entrar tumbado para ocultar su rostro. Al igual que M.A.B. y tras casi una hora de declaración, quedaba en libertad con cargos y sin fianza. A ambos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

En estos dos últimos casos optaron por salir de los juzgados rondeños por una puerta a bordo de sendos vehículos policiales, evitando así la presencia de periodistas a las puertas de los juzgados.

Por otra parte, también se conocía que los dos detenidos en Madrid y Valencia no habían sido trasladados a Málaga, y se les había tomado declaración por exhorto en estas localidades. A estas personas también se les imputan los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. No obstante, los dos tendrán que volver a declarar en el juzgado de Ronda cuanto sean requeridos. Se trata de A. J. F. V. y J. M. Y. C. En estos casos se trataría de las personas a las que se vincula con la firma Eroski, aunque fuentes de la compañía han desmentido esa información y les califican como ex asesores.