El Ayuntamiento de Manilva se convirtió ayer en el primer consistorio de la provincia en despedir a trabajadores para cumplir el plan de ajuste que impone el Gobierno central a cambio del crédito que han concedido a las administraciones locales para que salden las deudas con los proveedores. El equipo de gobierno, de IU, debe recortar 2 millones para justificar una ayuda de 3,3 millones. El Consistorio señaló que prescinde de ocho empleados, de los que la mayor parte ocupaban una plaza sin previsión presupuestaria y con servicios sobredimensionados. Las vacantes, según fuentes municipales, no se reemplazarán y los despedidos tendrán preferencia cuando el Ayuntamiento contrate a trabajadores. El ejecutivo local comunicó ayer las destituciones a los afectados y a CCOO y UGT.

El PSOE aseguró sin embargo que son trece los empleados de los que se ha desprendido el Consistorio y que los despidos se han realizado "a dedo, sin ningún tipo de criterio objetivo". El portavoz de la formación, Salvador Zotano, denunció que el plan de ajuste elaborado por la regidora, Antonia Muñoz, "ha representado la aplicación de la reforma laboral del PP con la que se ha prescindido de los trabajadores que estorbaban". "Con esta medida, Muñoz vulnera los derechos de los trabajadores municipales", explicó Zotano, que recordó que el coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, vicepresidente de la Junta, se opone a que su formación ponga en práctica la reforma laboral.

Las reuniones entre el equipo de gobierno y los sindicatos para acordar los recortes se suspendieron hace un mes. El Consistorio achacó a las centrales sindicales falta de colaboración tras rechazar sus propuestas, entre las que destacaba un reducción salarial del diez por ciento. "Al ser medidas restrictivas, querían que las afrontáramos en solitario", explicaron ayer fuentes municipales. El portavoz socialista tachó de "cortina de humo" las negociaciones y culpó a la alcaldesa de gestionar de formar "fascista" la política de Personal.