El Ayuntamiento de Estepona ha despedido a los dos trabajadores que están involucrados en distintos casos de desfalco de fondos municipales que se investigan desde mayo, según señalaron ayer fuentes municipales. Uno de los ceses es el de la empleada de Tesorería a la que se relaciona con la desaparición de 200.000 euros de las arcas municipales y que se apropió de otros 16.000 de cobros de IBI y que posteriormente devolvió. Según el Consistorio, la participación de la trabajadora en la "transgresión de la buena fe contractual" ha quedado "suficientemente acreditada". También ha quedado demostrado, según las fuentes municipales, el "abuso" que realizó en el "desempeño de su puesto de trabajo". Ambas actuaciones han supuesto "un daño para las arcas municipales".

Días después de conocerse los supuestos hurtos, el equipo de gobierno abrió un expediente disciplinario a la empleada, a la que se suspendió cautelarmente de empleo y sueldo. Esas medidas han culminado ahora en el despido. También fue amonestado el tesorero municipal, que, según algunas informaciones, ha acordado recientemente su jubilación.

El otro trabajador despedido es el que se adueñó de unos 4.600 euros recaudados por multas de tráfico que la Policía Local puso entre 2009 y 2010. El empleado reconoció el hurto y repuso la cuantía dos días después de que trascendiera el desfalco. Este trabajador desempeñaba responsabilidades sindicales en CCOO, por lo que el procedimiento para expulsarlo ha conllevado algunas particularidades, como por ejemplo prestar audiencia a integrantes de su sección sindical. El Consistorio, como en el caso anterior, le acusa de vulnerar "la buena fe contractual" y de "abuso del desempeño del puesto de trabajo" para despedirle. El dictamen, según fuentes municipales, ha sido comunicado a CCOO.

Tras conocerse los desfalcos en el erario municipal, que arrastra una deuda de unos 300 millones, el alcalde, José María García Urbano, aseguró que sería "diligente" para esclarecer unos hechos que calificó de "muy graves" y que adoptaría las medidas necesarias para "atajar los comportamientos anómalos que provoquen sospechas sobre el buen funcionamiento del Ayuntamiento".