El Partido Popular (PP) ha abandonado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gaucín (Málaga), con lo que ha dejado al alcalde, Teodoro de Molina (PSOE), en minoría, a la vez que no descarta ahora la posibilidad de presentar una moción de censura junto al Partido Andalucista (PA).

Este es el segundo consistorio malagueño donde se rompe un pacto de gobierno esta semana, después de que el pasado lunes el alcalde de Ronda, el andalucista Antonio Marín, cesara de sus responsabilidades a los cuatro concejales populares.

Los dos ediles del PP en Gaucín han comunicado al alcalde su renuncia a continuar con sus puestos en el ejecutivo local y le retiran su apoyo por "muchas" causas al acusar a De Molina de actuar "a su aire, no dar cuentas a nadie y comunicar sólo lo que quiere" a sus socios populares y actuar a sus espaldas.

El hasta ahora primer teniente de alcalde y delegado de Medio Ambiente y Turismo, el popular Francisco Ruiz, así lo ha asegurado hoy a Efe y ha añadido que a veces se ha enterado "por la calle" de determinadas cosas.

Ha explicado que continuará en el gobierno hasta el próximo 31 de mayo, pero que su marcha la comunicó el pasado lunes y que con él deja también el ejecutivo su compañero de partido y delegado de Obras.

De esta forma, el gobierno queda integrado únicamente por los tres representantes del PSOE de los nueve integrantes de la corporación, donde hay cuatro del PA y dos del PP.

Sobre la posibilidad de una moción de censura, ha comentado que "en la vida es posible todo" y aunque ahora no tiene nada, al no haber hablado con el PA, no la descarta, al tiempo que rechaza la posibilidad de pactar turnarse en la Alcaldía con los andalucistas repartiendo el tiempo que queda de mandato.

Sin embargo, ha admitido lo complicado que supondría unirse al PA dado que precisamente el rechazo a su cabeza de lista y ex alcalde, Francisco Corbacho, es lo que les unió al PSOE en contra de los andalucistas pese a ser los más votados en las últimas elecciones municipales.

Corbacho fue juzgado el pasado noviembre por presuntos delitos de malversación y prevaricación en un caso en el que el PP ejerció la acusación particular y pidió para él cuatro años y medio de prisión y quince años de inhabilitación absoluta.