Gaucín fue protagonista ayer de la segunda ruptura de un pacto de gobierno en la Serranía, sólo 24 horas después de que el alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara (PA), apartara de sus responsabilidades a los cuatro concejales del PP con quien gobernaba en coalición. Paradojas de la política, en este municipio han sido los populares los que anunciaron ayer el abandono del equipo de gobierno de sus dos concejales, situación que complica de manera notable las cosas al alcalde socialista del municipio, Teodoro de Molina, que deberá gobernar en minoría con sólo tres ediles. Además, el PP de Gaucín no descarta plantear una moción de censura junto al Partido Andalucista "si comprobamos que el PSOE no es capaz de gobernar en solitario", advirtió ayer Francisco Ruiz, el portavoz del PP gaucineño.

Ruiz, hasta ahora teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Turismo, argumentó la falta de comunicación con el regidor de la localidad como razón de su marcha: "El alcalde actúa a su aire, no da cuentas de lo que hace, y no puedo seguir permitiendo que actúe a nuestras espaldas, puesto que a veces nos enteramos en la calle de algunas de sus decisiones", se quejó.

El portavoz popular y su concejal Manuel Moreno, hasta ahora responsable de Obras, continuarán en el gobierno hasta el 31 de mayo. Después, el PSOE gobernará en minoría.

"Pese a la alta marejada, como buenos capitanes seguiremos en el barco hasta que zozobre", declaró el regidor socialista de Gaucín, que negó esa falta de comunicación que se le reprocha. "Renuncié a muchas de las atribuciones de cualquier alcalde en beneficio de la junta de gobierno, a cuyas reuniones siempre ha acudido Ruiz", defendió Teodoro de Molina.

El dirigente popular aseguró ayer que su partido y el PA aún no han mantenido ninguna conversación, pero dijo que las imputaciones que pesan sobre el líder andalucista y ex alcalde, Francisco Corbacho, no afectarían a una posible alianza. El PP ejerció la acusación particular y Corbacho fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a 21 meses de suspensión de empleo y cargo público y a siete años de inhabilitación especial al considerar que dispuso para beneficio propio de dinero del Ayuntamiento. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.