La Fiscalía de Málaga investigará a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por un presunto delito de prevaricación por "la conducta omisiva" que mantuvo supuestamente pese a las numerosas denuncias puestas por una asociación debido a la desecación detectada en los tramos bajos de río Grande por las reiteradas captaciones irregulares para riego de los cultivos de la zona.

El ministerio público, en un documento al que ha tenido acceso este periódico, ha dado traslado al juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Coín de la petición para obtener una copia de todo lo actuado hasta la fecha sobre la actuación de la Junta de Andalucía en estos hechos que la asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur denunció en junio de 2009.

Tras acordar dicho juzgado el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra varias comunidades de regantes de la zona, la Fiscalía considera ahora que los hechos "pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación" por parte de la Consejería de Medio Ambiente y, en particular, del servicio de Gestión del Medio Natural en orden al cumplimiento de las normas medioambientales y de protección de la naturaleza "puesto que desde que en 2005 y pese a las numerosas denuncias cursadas no consta que se haya dictado resolución tratando de eliminar o paliar los efectos derivados de las conductas llevadas a cabo por las comunidades de regantes".

De hecho, consta que la entonces Cuenca Mediterránea Andaluza autorizó en junio de 2008 a una de las comunidades denunciadas la construcción de una presa de derivación de las aguas a la acequia ubicada en la margen derecha del río Grande para el riego de cultivos hortícolas intensivos pese al peligro de desecación del que alertó estas asociación. Al respecto, la Consejería de Medio Ambiente, y según consta en el escrito elaborado por el fiscal, realizó un informe en el que afirmaba que estas captaciones de agua para riego "se vienen haciendo desde tiempo inmemorial y no suponen un desequilibrio grave de los sistemas naturales".

Tampoco consideró la Junta de Andalucía en ese informe que esta actividad "no provoca mortandades masivas de peces" y que además las especies que podrían verse afectadas "no se encuentran incluidas en ninguna normativa". Pero esa "tradicional" conducta le valió una denuncia a dos comunidades de regantes de la zona de río Grande, Casa Palma Dehesa Alta y la Acequia de Portugalete el Chopo y Morilla estaban extrayendo las aguas superficiales del río. La fórmula tradicionalmente utilizada para el riego de los cultivos de esta zona es la construcción de acequias mediante unos diques de contención levantados con las gravas del propio cauce derivando el agua por una conducción hasta las distintas parcelas. Los propios agricultores reconocen que es la manera en la que se ha hecho "toda la vida y nadie nos ha dicho nunca lo que debíamos hacer".