La caducidad del convenio de Huerta Julián es ya un hecho. El único que quedaba en vigor de la época en la que gobernaban de forma conjunta el PP y el PSOE. Los responsables de Venagarcea, la empresa promotora de estos suelos ubicados en el centro de Rincón de la Victoria, ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento que el acuerdo ha prescrito. Esto significa que la constructora renuncia a levantar las 195 viviendas que se aseguraba una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que las arcas municipales dejarán de percibir 5,9 millones de euros como contraprestación.

La causa no es otra que la crisis inmobiliaria. La falta de demanda en la compra de viviendas imposibilita a la entidad continuar con su proyecto en Huerta Julián. De hecho, todavía tiene pendiente la construcción de alrededor de 300 casas que sí estaban reconocidas en el PGOU de 1992. Tanto los responsables de Venagarcea como los municipales llevan un tiempo trabajando para poder hacer efectivo el convenio que podría haber quedado caduco en marzo de 2006. "Hemos estado negociando para salvar el convenio, pero ellos planteaban seguir teniendo abierto ese exceso de aprovechamiento y pagar cuando ejecutaran las viviendas. Esto podría ser dentro de 10 ó 15 años, y no le conviene a Rincón de la Victoria", explicó el edil de Urbanismo, Antonio Manuel Rando (PP).

El documento firmado en 2004 por el entonces alcalde, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), y el actual, Francisco Salado (PP) -entonces concejal de Urbanismo- establecía un plazo máximo de dos años de vigencia que se ha ido prolongando hasta ahora.

Entonces, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria consiguió la cesión del 10% del suelo y 2,6 millones de euros para infraestructuras. Venagarcea podía construir 638 viviendas, de las que actualmente, solamente ha ejecutado la mitad, como consecuencia de la caída del mercado inmobiliario. Quedaba pendiente con la aprobación del PGOU -que el equipo de gobierno del PP espera tener listo en este año- posibilitar a la constructora para levantar 195 viviendas más y a cambio daría al Ayuntamiento 6 millones de euros por ese exceso de aprovechamiento.

El concejal se mostró contundente e insistió en que el ayuntamiento no puede aceptar la propuesta de la empresa. "Si quieren mantener ese aprovechamiento tendrán que pagar cuando se les posibilite con la aprobación del nuevo PGOU y no podrán aplazar ese pago a dentro de 15 años porque entonces ellos van a tener el derecho para ejecutar cuando quieran", aclaró Rando.

"Tienen que tener unos plazos relativamente cortos. No puede ser sin fecha. Nosotros tenemos que salvaguardar los intereses del municipio. La contraprestación económica que iba a tener el Ayuntamiento nunca puede quedar supeditadas a la voluntad de una empresa privada", manifestó el edil de Urbanismo, quien tampoco descartó que el convenio "pudiese reactivarse con otra propuesta".

El edil dijo que hay que tener en cuenta que "hemos reducido edificabilidad en todos los convenios y que este era el único que quedaba y nuestra intención sigue siendo la misma". Por eso, Rando insistió en que "no queremos que Rincón de la Victoria esté masificado y tenga los problemas de edificación que hay en otros municipios".

Con respecto a la indemnización por exceso de aprovechamiento, estimada en unos 5,9 millones de euros, el convenio urbanístico no establecía en que equipamientos debía invertirse ese dinero. No obstante, en el documento original aparecía la construcción de un teatro auditorio, un centro de salud, una piscina cubierta y el recinto ferial.