El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gaucín, José Antonio Bautista, pagó de su bolsillo la indemnización por la rescisión del contrato del asesor jurídico del Consistorio, que ascendió a la cifra de 27.455 euros, ante los reparos que la interventora había puesto al abono de esa cantidad, según reconoció el propio alcalde del municipio, Pedro Godino.

El préstamo para la realización del pago tuvo lugar en septiembre del año 2011, siendo reingresada la cantidad adelantada por el Ayuntamiento a la cuenta corriente del edil a principios del mes de diciembre de ese mismo año, en una operación que el propio regidor reconocía que "no es lo más normal", aunque la justificó para evitar la posible demanda del asesor hacia el Consistorio por la falta de pago.

Los hechos fueron denunciados en su momento por el concejal de Izquierda Unida, Juan Jesús Hidalgo, y ahora el Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda ha procedido a abrir diligencias previstas para investigar si podría tratarse de un delito de prevaricación, aunque Godino señaló ayer que "consideramos que delito no hay", al tiempo que mostró su esperanza de que este asunto no llegue a juicio y el juzgado proceda al archivo del caso una vez que culmine las diligencias.

En el marco de esta investigación, Godino, Bautista y la interventora actual tendrá que declarar el próximo 3 de abril en calidad de denunciados por un presunto delito de prevaricación.

Además, el responsable municipal lamentó que este asunto haya llegado a los tribunales, al considerar que se trata de un asunto que está totalmente documentado y perfectamente registrado, en el que únicamente se procedió al abono anticipado de la cantidad económica fijada ante la imposibilidad de hacerlo en aquel momento desde las cuentas municipales por el reparo en forma de sello de caucho que la interventora colocó en el documento de pago, lo que hizo que ningún banco quisiera asumir dicha transferencia. "Están todos los papeles", insistía Godino, al tiempo que resaltaba que no había ningún tipo de descuadre entre las cantidades adelantadas y las reembolsadas. Mientras tanto, en el relato de su denuncia ante la Fiscalía, a la que tuvo acceso este periódico, el concejal de IU asegura que para el reingreso de la supuesta cantidad adelantada "no hubo mandamiento de pago, ni autorización del alcalde, secretaria interventora y tesorero".