Provincia

Comienza la segunda fase de la regularización de viviendas ilegales

  • El Ayuntamiento revisará el PGOU para normalizar la situación de unas 3.000 edificaciones

El Ayuntamiento de Mijas fue pionero en Andalucía a la hora de poner en marcha el complicado proceso para regularizar las construcciones que están situadas fuera de ordenación. Para ello elaboró un documento en el que de forma detallada se especificaban las características y condiciones de las viviendas, además de su situación. Ahora, ha comenzado la segunda fase de la tramitación, pues el Consistorio ha sacado a concurso la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en suelo no urbanizable para avanzar en el proceso.

Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, quien explicó que un arquitecto será el encargado de elaborar estas revisiones parciales del planeamiento de la localidad. El profesional que resulte ganador del concurso, que cuenta con un coste de 83.000 euros más IVA, tendrá un plazo de tres meses para presentar la redacción de la revisión del plan general.

Después se llevará a Pleno para su aprobación inicial y ahí comenzará un proceso largo, que puede alcanzar unos dos años, hasta obtener el visto bueno definitivo, el cual deberá ser otorgado por la Junta de Andalucía. Este cambio del PGOU permitirá, con el tiempo, legalizar alrededor de 3.000 viviendas y edificaciones de forma directa.

Con la revisión se pretende adaptar a la normativa vigente la situación real de este tipo de edificaciones y por tanto, incluirlas en el planeamiento.

En el documento denominado como identificación de asentamientos urbanos en el suelo no urbanizable, que constituyó la primera fase del proceso de regularización, se califican las viviendas en dos sistemas distintos: los asentamientos urbanísticos, que están compuestos por 10 o más edificaciones por hectárea, o el hábitat rural, que dispone de 5 a 10 construcciones también por hectárea. Ahora, con esta segunda fase lo que se busca es delimitar estos sistemas y darles servicios e infraestructuras mediante el desarrollo de los planes especiales.

"Cuando finalice esta fase, cada diseminado deberá trabajar de manera independiente para culminar el proceso de regularización de todas estas viviendas", indicó Navarro. En esta etapa se determinará qué número total de viviendas son capaces aceptar los territorios objetos de estudio, qué condiciones deben tener las viviendas y cuáles son las características que se van a exigir para el desarrollo de los sectores.

El concejal de Urbanismo también explicó que los diseminados no serán considerados como una urbanización al uso, pues desde el Ayuntamiento se entiende que requieren menos servicios o que incluso ya muchos de ellos disfrutan de las infraestructuras requeridas.

"Muchas de las viviendas a regularizar disponen de servicios básicos, en otras es imposible acercar la red de saneamiento por el alto coste que tendría, en algunas habrá que hacer calles y en otras se optará por carriles mejorados", aseguró el edil de Urbanismo, quien volvió a insistir en que los diseminados del municipio de Mijas son muy distintos entre sí.

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