Ecologistas en Acción ha pedido hoy a los propietarios de viviendas irregulares que denuncien a los ayuntamientos que les concedieron licencias de construcción en suelo no urbanizable a sabiendas de su ilegalidad y les exijan la inversión realizada en sus casas.

El coordinador provincial de Ecologistas en Acción en Málaga, Rafael Yus, ha recordado que un juzgado de Almería ya ha dictado una sentencia en este sentido a favor de dos residentes británicos, integrados en la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN).

Yus ha afirmado que la federación andaluza de Ecologistas en Acción celebra este pronunciamiento judicial y ha animado a todos los residentes que estén en la misma situación a que emprendan acciones legales similares "que utilicen este caso como jurisprudencia".

Asimismo, ha asegurado que, pese a que la inmensa mayoría de propietarios y constructores de viviendas irregulares conocían perfectamente su ilegalidad y se aprovecharon de la connivencia activa o pasiva de los ayuntamientos, "es cierto que en algunas comarcas de Málaga y Almería, ha habido casos de auténticas estafas o engaños a extranjeros".

"Estas personas, que forman ahora parte de colectivos como AUAN o SOHA -Save our Homes Axarquía- pudieron comprar sus casas de buena fe, ya que incluso recibieron la licencia del ayuntamiento correspondiente y éste les incluyó como entidades cotizantes del IBI y otros impuestos", ha añadido.

Según Ecologistas en Acción, la solución para estas personas no es amnistiar sus viviendas, sino denunciar a los ayuntamientos y pedir una indemnización, que no deben pagar los consistorios, sino los alcaldes o concejales de Urbanismo.

"Acabar con la impunidad de los corruptos debe incluir que se hagan cargo de las responsabilidades económicas por las actuaciones ilegales cometidas, ya que de lo contrario, estaríamos en una situación inadmisible: los alcaldes otorgan licencias ilegales -a veces lucrándose- pero las indemnizaciones las pagan todos los vecinos", ha señalado Yus.

Los ecologistas sostienen que las viviendas en las que no ha prescrito la infracción tienen que ser demolidas, porque de lo contrario, "quedan como testimonio de que en España las casas ilegales pueden ser multadas pero nunca demolidas, con lo que se genera un efecto llamada para los delincuentes urbanísticos potenciales".

Yus ha insistido en que la solución a la problemática del urbanismo ilegal no está en decretar un sistema de regularización, con el decreto 2/2012 o la propuesta de modificación del artículo 185 de la LOUA, ya que esta vía "produce de facto una amnistía urbanística generalizada y una vía para delinquir".