No faltaron las preguntas. Hubo recomendaciones y se solventaron dudas. Sobre todos los asistentes pendía la incertidumbre sobre qué pasará con las viviendas que compraron en suelo no urbanizable con todas las licencias exigidas en su momento. "Vinimos a la Axarquía a comprar una vivienda legal, no ilegal. Como se explica a todas las personas que están involucradas, hay que aplicar una Ley que no hace justicia. Esa aplicación no debe repercutir en nosotros sino en aquellos que la infringieron en su día", expresaba uno de los 150 asistentes a las jornadas organizadas por el despacho de abogados GVA&Atencia.

Entre ellos también estaban otros actores del proceso de regularización de este tipo de construcciones iniciado hace dos años por la Junta de Andalucía como letrados y técnicos de la administración. "A todos los compradores se les presupone un acto de buena fe y que cumplieron con todo lo que se les pedía. Si están registradas y hay demolición, será a la administración a quien haya que pedir responsabilidades patrimoniales", tranquilizaba un notario que se encontraba entre el público.

Entre los potentes que abordaron ayer la regularización de viviendas en suelo no urbanizable en el Hotel Cortijo Bravo de Benamocarra, se encontraban entre otros, el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, Javier Carnero, quien recordó que la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "no es una amnistía sino que va orientada a aquellos casos en los que los compradores siguieron los pasos actuando de buena fe". De hecho, hizo mención a la iniciativa planteada un día antes por el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, sobre una ley para acabar con la problemática de las viviendas irregulares. "No tiene sentido", agregó.

"Me parece muy fuerte que alguien que pretende ser presidente de una comunidad autónoma y que además ha sido legislador hable de una ley de punto y final, y que además diga que esto no es una amnistía", señaló Carnero, quien añadió que el líder del PP andaluz tendrá que explicar entonces cuál es la diferencia, "porque la definición de una amnistía es una ley de punto y final". El delegado explicó que lo que la Junta pretende es darle "un apretón" al decreto 2/2012 para la regularización de viviendas en el suelo no urbanizable y modificar tres artículos de la LOUA, lo que dará seguridad jurídica a casas levantadas en pequeñas parcelaciones, siempre que no exista sobre ellas ningún procedimiento administrativo o penal.

Se podrán acoger a esta fórmula todas las parcelaciones que no hayan sido especulativas y nunca en suelos de especial protección urbanística.

En la jornada también participó el magistrado y presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Manuel López-Agulló, quien ha expresado sus dudas con respecto a la figura de asimilado a fuera de ordenación en la que quedarían las casas beneficiadas por esta modificación.