El alcalde de Marbella, José Bernal, considera que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Malaya es "injusta" al dejar sin efecto la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de que las sanciones a los acusados revirtieran en las arcas municipales.

Aunque la sentencia del Supremo mantiene una gran parte de las multas impuestas por la Audiencia Provincial de Málaga, como es el caso de los 240 millones de euros que deberá abonar el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, estos fondos se destinarán a las arcas del Estado.

El alcalde ha recordado que, aunque las sanciones sean por delitos de blanqueo, "el origen de esos delitos son desfalcos de las arcas de Marbella". El regidor ha anunciado que va a establecer una línea de diálogo con el Gobierno central para reivindicar que "esas multas deben tener una repercusión positiva en inversiones, infraestructuras y generación de empleo para la ciudad de Marbella".

Bernal ha lamentado que el Ayuntamiento no haya estado personado en la segunda instancia del procedimiento, cuando lo estuvo en la primera, y no comparte la decisión del anterior equipo de gobierno del PP de retirarse, lo que, a su entender, no ha permitido defender los intereses de la ciudad.

Por su parte, el parlamentario autonómico y concejal del PP del Ayuntamiento de Marbella Félix Romero ha manifestado que "cualquier sentencia que no restituya el dinero robado a las arcas municipales" no le satisface. Romero ha manifestado que los aumentos o reducciones de condena de los acusados les afectan "relativamente poco", ya que el PP siempre ha perseguido que los fondos regresaran a la ciudad. El parlamentario autonómico ha añadido que es "muy importante" ver el final de este procedimiento, en el que el PP actuó como acusación particular y ha anunciado que buscarán las vías necesarias para conseguir que ese dinero regrese a Marbella.

El coordinador local de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) de Marbella y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Miguel Díaz, se ha mostrado "indignado" con la sentencia. Para Díaz, supone "un revés para las aspiraciones de justicia y reparación de la ciudadanía que esperaba una sentencia ejemplarizante, que marcará un antes y un después en torno al combate contra la corrupción y, lo más importante, que garantizara la devolución a Marbella de todo lo robado".

El teniente de alcalde ha adelantado que su formación solicitará al Gobierno de España que "orqueste las medidas necesarias" para que las cantidades establecidas como multas a los culpables sean consideradas como cuantía alzada y reviertan al Ayuntamiento de Marbella en forma de inversiones.  

Por su parte, el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Albert Garzón, ha criticado antes de conocerse la sentencia del Supremo la lentitud con la que, a su juicio, actúa la Justicia en la investigación de asuntos corrupción; una circunstancia que, desde su punto de vista, acaba dificultando el conocimiento de la verdad.

Tras mostrar su "respeto" por los procedimientos judiciales, el diputado malagueño ha señalado que, además de ser lenta, en ocasiones la Justicia tiene "una doble vara de medir" como consecuencia de su politización. Para Garzón es "inconcebible" que la investigación de los casos de corrupción se "dilate tanto en el tiempo" porque eso redunda en que los ciudadanos tienen "dificultades para conocer la verdad de lo que ha pasado".