La concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, anunció ayer la posibilidad de establecer una colaboración entre el Ayuntamiento de Marbella y la Universidad de Málaga (UMA) para llevar a cabo un estudio pormenorizado de la batería de sentencias del Tribunal Supremo contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 y abrir nuevas vías legales de cara al nuevo documento. "Es una iniciativa muy beneficiosa porque la universidad ofrece un apoyo totalmente separado y nos permitirá contrastar las indicaciones para los posteriores acatamientos de sentencia", señaló, a la vez que agregó que "nos va a dar las vías legales para la solución de las irregularidades urbanísticas que se han cometido en la ciudad".

Al mismo tiempo, respecto a la modificación de las normas urbanísticas del PGOU de 1986 para facilitar el trabajo a todas las personas que vayan a solicitar licencias, incidió que se dará "flexibilidad" pero estas no serán iguales a las de 2010. El proceso que está prácticamente finalizado se presentará en el próximo pleno ordinario para su aprobación inicial. "Ya está empezando a haber solicitudes de modificaciones del PGOU, algunas serán pormenorizadas y se podrán ir resolviendo antes de la adaptación a la LOUA y otras son estructurales y habrá que trabajar en ellas hasta que se lleve a cabo la adaptación", comentó.

Por último, Pérez explicó que el Ayuntamiento va a elaborar una cartografía de todo el término municipal que servirá de base para el nuevo documento de revisión del PGOU del 86 "porque la que existe actualmente es de 2004 y no tiene los mecanismos informáticos adecuados para la adaptación. "

La edil también precisó que la contratación de técnicos para reforzar el área de Urbanismo está en la última fase, con lo que en breve podrán incorporarse a la delegación.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, preguntado sobre la disolución de las organismos autónomos locales (Oales) y la integración de los trabajadores en el Ayuntamiento, señaló que "hay un expediente disolutorio en marcha y depende de la aportación de informes". "La disolución tiene que hacerse a la vez que esos trabajadores se incorporan al Ayuntamiento. No se puede dejar en el aire a esos trabajadores ni disolver las Oales sin que hayan pasado al Ayuntamiento", explicó Porcuna, quien espera que el asunto sea llevado a pleno lo antes posible.

Por último, sobre la posible reincorporación de Rafael Del Pozo a la Policía Local, señaló que "el equipo de gobierno tiene muy poco margen de maniobra", con lo que la decisión de reincorporar al exjefe de la policía recaería en manos de los servicios jurídicos municipales.