La situación de desamparo en la que se encuentran los trabajadores del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO Mijas) continúa pese a que ya acumulan 23 nóminas sin cobrar. Ante esta coyuntura y ante la falta de respuestas por parte de la Junta de Andalucía, el grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) llevará a pleno este jueves una moción para instar a la asesoría jurídica del Ayuntamiento a presentar una querella contra los responsables del impago a los empleados públicos, incluyendo en ella a la presidenta de la administración autonómica, Susana Díaz. Así lo anunció ayer a este periódico su portavoz, Francisco Martínez, tras una nueva visita al centro esa misma mañana esta vez junto con la diputada de Unidos Podemos por Málaga, Eva García Sempere.

Asimismo, otro de los puntos de la moción será la creación urgente de una comisión negociadora entre el Ayuntamiento de Mijas y la Junta de Andalucía para la celebración y firma urgente del concierto de reconocimiento y compensación de créditos y deudas laborales sobre el centro andaluz de formación. Y es que pese a que recientemente el Ayuntamiento mostró su disposición a adelantar parte del dinero que la Junta adeuda a los trabajadores, es imprescindible que la administración autonómica reconozca la deuda contraída para dar luz verde a este pago.

El pasado mes de abril el Ayuntamiento aprobó el desembolso del 20% del presupuesto que le correspondía en el consorcio, el equivalente a alrededor de 111.000 euros, y que ha permitido el abono de dos nóminas a los trabajadores durante los meses de junio y julio. El resto se destinó a gastos de luz, agua y mantenimiento del centro mientras se llevan a cabo las tareas de liquidación. Sin embargo, una vez agotada esta vía, los trabajadores continúan en sus puestos de trabajo sin ninguna garantía de cobro de agosto en adelante si la Junta no abona el 80% restante, lo que se traduce en más de 400.000 euros. Esto permitiría a los empleados cobrar las nóminas atrasadas.

Por otro lado, los trabajadores han solicitado a la Junta que se les exima de acudir a sus puestos de trabajo, tal y como se les concedió a principios de año, hasta que se apruebe el pago. De lo contrario, deberán acudir diariamente al centro sin cobrar y con las tareas de liquidación prácticamente finalizadas. "Imagina el gasto extra de aula matinal, escuela de verano y comedor, todo eso más el gasto de gasolina al tener que venir todos los días a trabajar sin cobrar", comentó en anteriores ocasiones Juana García, una de las trabajadoras afectadas.

Por su parte, Sempere, que visitó por primera vez ayer el centro aseguró sentirse "escandalizada" tras conocer la situación en la que se encuentran las instalaciones. "Es increíble que tengamos unas instalaciones tremendas de más de 40 millones de euros que se empiezan a caer después de los años sin utilizarla y que no las usemos", manifestó. En este sentido, señaló que plantearán "una mayor vigilancia de instalaciones de este tipo para evitar la pérdida de infraestructuras tan magníficas y en concreto las del CIO Mijas, financiadas con fondos públicos estatales y con certificados de excelencia". "Vamos a plantear que se haga un seguimiento de esos fondos y sellos de calidad de determinados centros. O han fallado los mecanismos de control o estos no son los adecuados", concluyó.