El Gobierno local de Ronda (PSOE, PA e IU), se vio ayer obligado a retirar la propuesta que había presentado para modificar las ordenanzas fiscales, que incluían diferentes subidas del IBI y el cambio de condiciones para el acceso a determinadas bonificaciones, como por el hecho de ser familia numerosa, ante la recomendación de la Intervención municipal de paralizar el expediente.

La decisión se tomó después de que el interventor emitiera un informe en el que expresaba sus dudas y advertía de que la propuesta podía contravenir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a través de la que se pretende frenar el déficit público.

En estas circunstancias el delegado municipal de Economía, Álvaro Carreño (IU), decidió retirar esta propuesta de la Comisión de Hacienda, mientras la oposición mostraba su satisfacción porque se hubiese logrado detener el incremento de impuestos que iban a sufrir algunos empresarios, propietarios de inmuebles y familiares numerosas que no reuniesen las nuevas condiciones.

Carreño, que había presentado públicamente su proyecto fiscal, que había calificado de "subida progresiva", aludió en reiteradas ocasiones a que los cambios para aumentar los ingresos municipales eran una recomendación de los técnicos municipales, aunque también han sido ahora estos servicios los que han tumbado la propuesta al expresar dudas de legalidad. La Intervención no tiene claro si el Ayuntamiento tiene todavía el vigor el plan de ajuste que se acompañó para acogerse al Plan de Pago a Proveedores Ante esa incertidumbre y la imposibilidad de cumplir los plazos para que las nuevas ordenanzas pudiesen entrar en vigor, el Gobierno municipal tomó la decisión de no continuar adelante, por lo que durante el año 2017 no se producirá ningún cambio en los impuestos municipales.

Por su parte, la portavoz del PP, María de la Paz Fernández, señaló que "peor no se puede hacer", porque desde las filas populares aseguran no entender que dicha propuesta se llevase a la Comisión de Hacienda sin antes haber consultado con la Intervención municipal y solicitado los correspondientes informes de legalidad.