La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, aseguró hoy que el comienzo de las demoliciones de construcciones irregulares demuestra que el Consistorio trabaja "para devolver la seguridad y la normalización, porque no todo tenía cabida en el urbanismo de la ciudad. Se trata de una muestra clara de cómo será el futuro en Marbella", apuntó.

Por el momento, ya se ha iniciado el derribo de 34 viviendas en la urbanización Golf Río Real, en Las Chapas, promovidas por Naviro Inmobiliaria, del granadino José Ávila Rojas, imputado en el caso 'Malaya'.

En los próximos días, también se demolerán seis viviendas adosadas de la urbanización Linda Vista Alta en San Pedro Alcántara, a cargo de la promotora Prosavi.

En ambos casos, las edificaciones cumplían con los requisitos establecidos para acometer el derrumbe: "No se encontraban habitadas ni fueron adquiridas por compradores de buena fe, no han sido regularizadas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Consistorio elabora ni contaban con licencia municipal", explicó Muñoz.

El Ayuntamiento de Marbella dio luz verde hace siete meses a una orden de demolición en cumplimiento del acuerdo con la Junta de Andalucía que facilitó la ejecución anticipada el PGOU antes de su entrada en vigor a finales de este año. "Este decreto fue asumido por los propios promotores, que solicitaron el permiso para el derribo haciéndose cargo de los costes", añadió la regidora marbellí.

Por el momento, éstos serán los únicos derrumbamientos que se acometerán, a la espera de lo que ocurra con otras 500 viviendas irregulares que no tendrían cabida en la regularización que se realizará con la puesta en marcha del PGOU. "Hay una situación judicial por medio y estamos a la espera de lo que resuelvan los tribunales", aseguró la alcaldesa para después enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos que en su día adquirieron estas propiedades ilegales.

"Adquirimos el compromiso de intentar restablecer la normalidad. En ese sentido, los compradores de buena fe deben de estar absolutamente tranquilos", apuntó.

La mayoría de viviendas construidas fuera del planeamiento vigente durante la era Gil serán regularizadas con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente pendiente de una segunda aprobación provisional prevista para mayo y que entrará en vigor a finales de 2009.

El nuevo PGOU normalizará la situación de 18.000 viviendas ilegales, "aquellas edificaciones que obtuvieron adquirientes de buena fe y en las que existe un compromiso por parte de los promotores de compensar la pérdida de zonas verdes o de equipamiento", aseguró Muñoz, en referencia a las compensaciones que recibirá el Ayuntamiento a cambio de la legalización.

La alcaldesa de Marbella contestó a las críticas vertidas desde la Junta de Andalucía, en cuanto a la "insuficiente y tardía" demolición de obra ilegal.

Muñoz instó al Gobierno regional a esperar, al igual que el Consistorio marbellí, a las sentencias judiciales y a la decisión del PGOU. "Las demoliciones se ejecutarán lo antes posible en aquellos supuestos que se encuentren dentro de las premisas impulsadas para el derrumbamiento de edificios ilegales".

La regidora se mostró "convencida" de que la Administración regional es consciente del "difícil" camino hacia la normalización urbanística. "Todos nos tenemos que sentir satisfechos y trabajar en la misma dirección para, aplicando el sentido común y la legalidad, dar salida a esta situación", concluyó.