Ante el manifiesto que los alcaldes socialistas de la Axarquía han entregado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como adelantó este periódico el lunes, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción), que denunció lo ocurrido en Alcaucín, ha respondido con otro escrito para el titular de esta cartera. Si los mandatarios locales piden que los delitos contra la ordenación del territorio sean tramitados por vía administrativa y no penal, el presidente del colectivo, Rafael Yus invita a Caamaño a que hable con la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga, para que le informe sobre estos supuestos, y que "se dé un paseo por la Axarquía para que vea los 20.000 proyectos de actuación que bajo el eufemismo de casas de aperos, se han desparramado por todo el solar rústico no urbanizable de la Axarquía, para pena de generaciones venideras".

Yus recordó a los alcaldes que la única vivienda autorizada para el suelo no urbanizable es simplemente una casa de aperos. "Ellos admiten que ya no existe actividad agrícola y permiten una vivienda de dos pisos, azotea y sótano, piscina, es decir, una vivienda tipo mansión de lujo". Además, defendió que los proyectos de actuación para cuya aprobación tienen autonomía los regidores y por el que la mayoría están imputados, deben estar justificados como actuaciones de interés público. Sin embargo, a su juicio "han estado abusando de esta figura, para consentir o impulsar desde los ayuntamientos la actividad inmobiliaria y residencial, por sus claros beneficios temporales para las arcas municipales y por sus réditos políticos". En este sentido, Yus apuntó que en muchos casos el proyecto de actuación incluía una reparcelación sin fin agrícola.

En el aspecto legal, el presidente de Gena apuntó que los alcaldes confunden la iniciativa administrativa con la judicial. A su juicio aunque la Junta de Andalucía tiene competencias para la intervención administrativa, también la Fiscalía de Medio Ambiente puede hacerlo en un proceso judicial "porque ha estimado que se han vulnerado las leyes urbanísticas y se ha cometido delito sobre la ordenación del territorio".

Con respecto a la regulación del territorio que tienen como máxima la LOUA, Yus expuso que esta confiere autonomía a los ayuntamientos "siempre que se ajuste y no vulnere el ordenamiento comarcal y regional." "Por lo tanto, no es cierto que una autonomía local sea una patente de corso para cualquier iniciativa de la administración central, y es obligación de ésta intervenir si, como sucede a menudo, se vulneran la ordenación de carácter supramunicipal, sea desde la Comisión Provincial de Urbanismo o desde el Contencioso Administrativo".

El único punto de coincidencia entre el colectivo y los mandatarios socialistas residen que "la Junta de Andalucía ha cometido errores de organización de su sistema jurídico para la regulación del urbanismo en Andalucía y que algunos de los artículos de las leyes son excesivamente interpretables, impidiendo a veces una correcta interpretación incluso para el poder judicial."