Amnistía no consumada. Finalmente, el equipo de Gobierno, y en particular la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, han dado marcha atrás en su intención de legalizar las promociones habitadas del Banana Beach, Río Real, La Víbora y varias casas unifamiliares ubicadas en la playa de El Alicate. Así, finalmente serán los tribunales los que deban decidir el futuro de estas quinientas viviendas.

La regidora explicó que ahora, los vecinos, los conocidos como "compradores de buena fe", tienen la "posibilidad de ir a los tribunales para solicitar sus reclamaciones patrimoniales", habida cuenta de que han sido promociones ejecutadas "con licencia de obras concedida por este Ayuntamiento, y con licencias de primera ocupación". En opinión de la primera edil marbellí, la responsabilidad en este caso es "compartida": "Hubo una dejación de funciones por parte del Consistorio, pero también por parte de la Junta. Los propietarios han llevado a cabo el pago de impuestos a ambas administraciones".

Pero Muñoz aún no ha dado por cerrado el capítulo de estas promociones. Así, explicó que por el momento "seguiremos trabajando con la Junta para encontrar una fórmula jurídica durante el periodo hasta la aprobación definitiva del Plan. De lo contrario, serán los tribunales los que tengan que resolver sobre el futuro de estas promociones", señaló.

Esta decisión hace que, finalmente, el plan no entre en un choque directo con las pretensiones de la Junta de Andalucía, quien se mostró tajante en su negativa a incluir estas promociones en el texto. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se ha comprometido a acortar al máximo los plazos, de modo que la aprobación definitiva pueda tenerse a finales de octubre, principios de noviembre.

Uno de los asuntos más espinosos en la aprobación inicial era la compensación de suelo de las edificaciones que se regularizaban (sólo se quedan fuera 1.500 viviendas de las 18.000 que tenía la ciudad). Si bien en el texto inicial, el peso económico de la compensación caía sobre la propiedad (es decir, sobre los propietarios actuales), finalmente ese criterio ha sido modificado, y las compensaciones se harán "con cargo a los nuevos desarrollos y a los promotores". "No serán los vecinos los que tengan que pagar, sino que se obtendrán a través de desarrollos futuros". Quienes sí tendrán que compensar serán los centros comerciales y los hoteles construidos en terreno ilegal.

En el caso de La Cañada, por ejemplo, la tercera fase del centro comercial se consolida, pero la empresa General de Galerías Comerciales (cuyo propietario es Tomás Olivo) deberá ceder y acondicionar la parcela anexa para la ubicación allí del recinto ferial, en una obra que no supondrá un coste mayor de dos millones de euros. El Corte Inglés, cuya edificación excede en 14.000 metros cuadrados el permiso inicial, deberá aportar una parcela aledaña al centro comercial.

Otro asunto comprometido son las lindes del municipio. Según la regidora, se mantienen las aprobadas en el PGOU de 1986, por las cuales los terrenos polémicos (entre ellos, una parcela de 24.700 metros cuadrados propiedad de una empresa en la que el marido de Muñoz es accionista) pasan a ser de Benahavís. Esto significa que pasan de ser suelo rústico (según lo previsto en el documento marbellí) a suelo urbanizable (según lo previsto en el documento de Benahavís).