El alcalde de Canillas de Albaida, el popular Antonio Díaz, reconoció ayer su "culpa" en la concesión de una licencia de obras otorgada por decreto en noviembre de 2004 para levantar un chalé en una finca rústica del municipio, pero aclaró que lo hizo "de buena fe" porque no era consciente de que esa decisión podía ser constitutiva de un delito.

Díaz indicó que el británico Peter Parkes solicitó en julio de aquel año licencia para construir en unos terrenos ubicados en suelo no urbanizable sin acompañar ningún proyecto de actuación urbanística que justificara la vinculación de la casa a fines agrícolas. Tampoco contaba con informe técnico que apoyara su decisión, pero optó por darle el permiso porque "eran muy pesados" y porque en todo momento creyó que la edificación sería legalizable ya que "reunía cualidades": una parcela de 2.600 metros, suministro de luz, agua potable y vial de acceso. Además, destacó que su emplazamiento al este del término municipal la localizaba en el "único lugar" de Canillas de Albaida en el que sería posible edificar cuando estuvieran listas las normas de planeamiento de las que carecía entonces el pueblo.

"Me pasé yo, pero lo hice con buen humor, porque no pensé que fuera delito, pero lo sería cuando estoy aquí", confesó el alcalde al tiempo que exoneró de responsabilidad al personal municipal: "Tuve que dar la licencia cuando los técnicos me lo dijeron no antes, la culpa no es de ellos, sino mía", agregó ante el tribunal del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga que le juzga por un presunto delito contra la ordenación del territorio por el que el fiscal le pide 15 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros y siete años de inhabilitación.

No obstante, en noviembre de 2007 el promotor registró en el Ayuntamiento un proyecto de actuación urbanística con fecha de junio de 2003 que vinculaba la casa a una explotación agrícola. El alcalde y el arquitecto municipal en aquella época indicaron que más que explotación se trataba de "una actividad agrícola", o sea una finca con algunos árboles frutales, aunque el Ministerio Fiscal precisa que únicamente existen seis olivos.

El proyecto de actuación urbanística fue informado desfavorablemente por la Junta de Andalucía, si bien el Ayuntamiento aportó dos informes favorables y lo aprobó en Pleno.

Para el fiscal Juan Calvo, coordinador de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Málaga, la aprobación del proyecto tres años después de conceder la licencia y cuando el procedimiento penal por delito urbanístico ya estaba en marcha, responde al interés de "dar cobertura a una resolución que sabía que era contraria a Derecho", por lo que sugirió que "habrá que analizar por qué se ha producido esa aprobación y si no es que se ha tratado de tapar" lo ocurrido.

La defensa de Antonio Díaz reivindicó la absolución del alcalde al subrayar, entre otros elementos, que no existió una "clara consciencia de injusticia" porque el delito de prevaricación urbanística exige que se actúe "a sabiendas de su injusticia" cuando se conceden licencias de obra o se emiten informes de edificación.