Muchos apostaban porque nunca llegaría el momento, pero ayer la primera de las construcciones ilegales de la Hoya del Tajo comenzó a ser demolida. Finalmente, ante el decreto firmado por el alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, que fijaba para las 11:00 el inicio de los trabajos de derribo, el propietario debía realizar con sus propios medios la demolición de una nave y el cobertizo que había sido denunciado. Entre ambos ocupaban una superficie de unos 100 metros cuadrados, que ahora volverán a recuperar su imagen de terreno agrícola. Precisamente, su catalogación como terreno de protección integral provocó la intervención de la inspección de obras tras tener conocimiento de la existencia de la edificación, que estaba siendo utilizada como cuadra para caballos.

Todo comenzó ayer a desaparecer cuando las piquetas y los mazos de dos operarios comenzaron a tumbar la construcción por orden de su propietario, que no estuvo presente en el inicio de los trabajos, aunque posteriormente asumía con entereza lo que estaba ocurriendo e insistía explicar que había realizado un comparecencia en el Ayuntamiento solicitando realizar el derribo. De este modo evitará tener que pagar todo el dispositivo que tenía previsto el Consistorio, excavadora incluida, para acabar con las cuadras. Además, también evitará el pago de la correspondiente sanción económica al restituir la zona a su viejo uso. No obstante, matizó que ha puesto el asunto en manos de sus abogados, "ya que contaba con una vieja licencia para una casa de aperos".

Mientras tanto, un equipo de la inspección de obras del Ayuntamiento de Ronda se personó ayer en la zona para verificar que estaba cumpliendo con la orden dada por el primer edil, que será la primera de un total de 22, muchas de ellas ubicadas en el mismo paraje. "Voy a ser inflexible con este asunto", señaló Marín Lara, que reclamó mayores herramientas jurídicas para poder actuar con mayor celeridad en el caso de detectarse construcciones irregulares. Y es que el alcalde rondeño considera que la nueva legislación urbanística aprobada se sigue quedando corta para poder atajar este problema. De hecho, el procedimiento que ha derivado en esta actuación ha necesitado de una tramitación urbanística de casi dos años.