El Consejo de Ministros ha reformado los currículos mínimos de primaria y secundaria obligatoria de Educación para la Ciudadanía, que entrarán en vigor desde el curso próximo, con la intención, afirma, de "suprimir las cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico". Según un comunicado del Ministerio de Educación, los alumnos profundizarán en la necesidad de "ética" y "transparencia" en la dirección y gestión de los asuntos públicos, el respeto de la propiedad intelectual y la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social, entre otros asuntos.

En la nota, que no precisa qué contenidos desaparecen, el Ministerio de Educación argumenta que el Gobierno defiende el respeto de la libertad de enseñanza y, consiguientemente, el derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus convicciones filosóficas, religiosas o morales, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución. "La asignatura Educación para la Ciudadanía ha sido un tema de conflicto desde su origen -argumenta Educación-, por entender un sector importante de la población española que su contenido atentaba contra ciertos principios constitucionales".

Los temarios de esta materia, introducida como obligatoria por la Ley Orgánica de Educación (2006), originaron un movimiento de oposición de varias organizaciones de padres, como Concapa, y centros educativos, como CECE. Asuntos relativos a la familia, el amor y la sexualidad son algunos de los puntos que más polémica han generado. Esto cuajó en un movimiento de objeción de conciencia (55.000 casos según la asociación Profesionales por la Etica) y de cientos de recursos judiciales para no tener que asistir a las clases de la asignatura. En 2009, el Tribunal Supremo rechazó que las familias pudieran aducir el derecho de objeción para que los hijos no recibieran las clases. No obstante, hubo algunas que recurrieron al Constitucional y al Tribunal Europeo de Recursos Humanos, sin conocerse aún el fallo.

Según el Ministerio, los nuevos contenidos profundizan en los principios de ética personal y social. Además se incluyen, entre otros, los relativos a la condición social del ser humano, que no se agota en la mera ciudadanía, sino que implica elementos afectivos y emocionales "que no siempre pueden regularse por la normativa legal ni son competencia fundamental de un Estado".

En primaria, se concretan y amplían otros como la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas domésticas y el cuidado de la familia; la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social, la convivencia, el medio ambiente y la contribución ciudadana a los servicios públicos a través de los impuestos. En secundaria, se hace hincapié en la educación-cívico tributaria, el derecho a la privacidad y respeto de la propiedad intelectual, el deber de transparencia de la gestión pública, la libertad política y la económica y la prevención de enfermedades, adicciones y consumismo.

Además se tratan la superación de conflictos, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas. Los currículos se centrarán en el conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos y pactos internacionales derivados y la Constitución y leyes españolas (derechos, deberes y libertades, forma política y estructura de España).