El Servicio de Salud irlandés (HSE) anunció que realizará una revisión interna sobre la atención recibida por una mujer embarazada a consecuencia de una violación, a la que se denegó un aborto, y que mostró "tendencias suicidas".

Según informan medios locales, la mujer quedó encinta tras haber sido violada y solicitó un aborto a las ocho semanas de embarazo. En virtud de la nueva legislación irlandesa -en vigor desde el pasado 1 de enero- el aborto se permite en ese país cuando existe riesgo de suicido para la madre, como al parecer ocurría en este caso del que apenas se han desvelado detalles debido a un mandato judicial para proteger la identidad de la afectada.

Según el director general del HSE, Tony O'Brien, la revisión interna estudiará los informes realizados desde el momento en que la mujer solicitó que se le practicara un aborto. Con ese informe, que se completará el próximo mes, el HSE buscará establecer la secuencia de los acontecimientos, los cuidados recibidos por la mujer y tratará al mismo tempo de extraer lecciones para el futuro.

No obstante, no examinará las decisiones clínicas adoptadas a la hora de recomendar una cesárea entre las semanas 24 y 25 y para negarle el aborto. Por la legislación irlandesa, la mujer fue examinada por dos psiquiatras y un tocólogo, que determinaron que corría riesgo de suicidarse, aunque decidieron no permitir el aborto y el bebé, bajo el cuidado ahora de los servicios sociales, nació prematuramente por cesárea alrededor de las 25 semanas de embarazado.

La mujer, en un estado muy vulnerable según estas informaciones, comenzó entonces una huelga de hambre tras la que el HSE trasladó el caso ante el Tribunal Superior de Dublín en busca de un mandato judicial que permitiera hidratar a la mujer, algo que fue concedido. Los abogados de la víctima alegan que su petición de un aborto, a partir del riesgo de suicidio, no fue considerada en un plazo adecuado.