Las comunidades que han recurrido la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en el Tribunal Constitucional tratarán de minimizar la reforma educativa este curso, cuando comienza a implantarse en primero, tercero y quinto de Primaria y en la nueva Formación Profesional Básica. Con motivo del inicio de las clases durante estos días, los responsables de Educación de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias anunciaron, en términos generales, una aplicación elemental de las novedades legislativas.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, avisó de los perjuicios que tendría para los alumnos no seguir los criterios de la reforma y señaló que la Alta Inspección educativa del Estado se asegurará de que las prescripciones de la ley "se están cumpliendo".

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, explicó el miércoles pasado que las autoridades autonómicas van a "intentar aliviar el impacto" de la Lomce con un "año de transición", ya que el curso próximo se completará la implantación en Primaria y comenzará en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En cualquier caso, matizó, se respetará la doctrina del Tribunal Supremo, que rechazó aplazar la implantación de la ley. Andalucía continuará "en solitario" con programas que antes eran cofinanciados por el Estado, como los de mejora del rendimiento académico y reducción del abandono escolar; se pondrá en marcha el plan de fomento escolar, se mantendrá el número de alumnos por aula y Educación para la Ciudadanía seguirá como asignatura.

En Cataluña, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, informó al comienzo del mes de que el calendario de aplicación de la Lomce en las escuelas de la comunidad se ha diseñado para que permita "dilatar al máximo" su ejecución.