El Gobierno ha repartido este miércoles entre las comunidades autónomas el fondo de ayuda a las familias, que ha duplicado hasta los 32 millones, y ha garantizado la financiación para incorporar a los dependientes moderados al sistema, con lo que se concluye la implantación de la Ley.

En la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, Gobierno y comunidades autónomas han aprobado el reparto de ese fondo destinado a familias en riesgo de exclusión y con hijos menores a su cargo, modificando algunos de los criterios, atendiendo a las sugerencias de algunas regiones, para incluir el dato de la población y el índice de pobreza. Respecto a la dependencia, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha recordado que se hará una evaluación de la ley, cuando acabe su implantación en el mes de julio, y ha reiterado que se habilitará el presupuesto necesario para incorporar a los 300.000 dependientes moderados al sistema. "Es el tiempo de hacer un estudio en profundidad, ver las necesidades y hacer algo que sea útil; ver cómo podemos renovar ese pacto que se fijó a favor un sistema de dependencia en España y buscar un diagnóstico compartido para que pueda llevarnos a una propuesta de futuro", ha dicho Alonso, en una comparecencia tras la reunión.

Respecto a la acreditación de los profesionales que trabajan en la atención de la dependencia y que debía concluir en 2015, ha dicho que se ha creado un grupo de trabajo y que si hace falta más tiempo "se acordará para no causar ningún perjuicio a los trabajadores". "Esta situación en ningún caso va a afectar a quienes están trabajando ahora, ni a las entidades que están prestando ese servicio", ha añadido.

Algunas comunidades como Andalucía y Cataluña han planteado la necesidad de revisar la financiación de la dependencia para que se respete lo que establece la ley de que el Estado aporte el 50% y el otro 50% cada región. "Habrá que hablar de cómo funciona la financiación, no sólo la del Estado, sino también la de las comunidades autónomas y la de los usuarios del sistema", ha dicho Alonso, quien ha destacado la importancia de buscar acuerdos para renovar un pacto en el ámbito sociosanitario. Además, en el consejo se ha repartido el Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (Fead) -vinculado esencialmente al reparto de alimentos- que asciende a 563,4 millones que se harán efectivos entre 2014 a 2020 para atender a las familias y sus necesidades alimentarias.

Para garantizar que los alimentos llegan a los que los necesitan, a las personas que están en situación de exclusión, deberán acreditar su situación con un informe de los servicios sociales. "No es solo un programa de asistencia, sino de acompañamiento social y debe dedicarse a la inserción sociolaboral", ha dicho Alonso, por lo que se prevé un seguimiento de las ayudas. Gobierno y comunidades también han aprobado el reparto del Plan Concertado, de 27,5 millones de euros, dirigido a las corporaciones locales para dotar servicios sociales adecuados, como ayuda a domicilio o comedores sociales.

En la reunión se ha informado de los dos proyectos de ley del Tercer Sector y del Voluntariado, que, según ha dicho Alonso, espera que sean aprobados por el Gobierno a lo largo del mes de marzo. "Espero que se conviertan en leyes en este periodo de sesiones", ha dicho el ministro, quien ha destacado la novedad de estas regulaciones, "pioneras en Europa". El Consejo ha distribuido el Plan de Desarrollo Gitano, de 412.000 euros, y ha informado de la próxima convocatoria de las subvenciones a entidades del Tercer Sector, que Alonso ha dicho que intentará que se adelanten "para que las ONG dispongan de los fondos cuanto antes".

Al término de la reunión, Cataluña ha sido una de las comunidades más críticas con el fondo para la familia, al considerar su consejera de Bienestar y Familia, Neus Munté, que la distribución del mismo no se haga de manera equitativa, mientras que la consejera del ramo canaria, Inés Rojas de León, ha pedido una revisión de la financiación autonómica.