El Ministerio de Justicia ha negado la indemnización a una víctima de violencia machista cuya hija de 7 años fue asesinada por el padre en 2003 en una visita sin supervisión, un caso que llegó a la ONU, organismo que pidió "una indemnización integral y proporcional" a la gravedad de los hechos.

Ángela González, madre de la menor, estuvo más de diez años pleiteando en varios tribunales de justicia sin éxito, tras haber denunciado en más de 30 ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, que no le fueron concedidas.

Fue la organización Women's Link Worldwide la que se presentó una demanda en septiembre de 2012 en nombre de Ángela González ante Naciones Unidas que, tras estudiar el caso, concluyó que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la niña por el maltratador y reprobó al Estado español por no haberlas protegido, no castigar al agresor y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, justificó ayer el rechazo de la indemnización al considerar que "no ha quedado acreditado" el "mal funcionamiento de la Justicia". "Se produjo un hecho absolutamente lamentable" y "reprobable desde todo punto de vista", dijo Catalá en referencia al fallecimiento de la menor, pero precisó que "había que determinar si existía una responsabilidad por el mal funcionamiento de la justicia y de la Administración".

Y, según aseveró el ministro en declaraciones a los medios tras un acto institucional, esto no ha quedado acreditado y "se ha determinado que no hay responsabilidad directa por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia".

"Insisto en que el fondo de la cuestión es una desgracia, es muy lamentable, toda nuestra solidaridad con ese caso", pero recalcó que "formalmente, lo que no podemos hacer es generar una responsabilidad patrimonial cuando no hay concurrencia de los requisitos suficientes".

Por su parte, González se declaró ayer "indignada" y mostró su intención de "seguir luchando". Así lo aseguró Viviana Waisman, presidenta de Women's Link, que manifestó que van a seguir recurriendo a los tribunales españoles para solucionar esta situación. "Vamos a seguir luchando", apuntó.

Explicó que la resolución del Ministerio de Justicia que desestima la indemnización argumenta que el dictamen del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) "no es vinculante para el estado español". Para Waisman, el Estado "debería dejar de poner defensas" y ver estos informes y recomendaciones como "una oportunidad de mejorar el sistema".