Han transcurrido cuatro años desde que la denuncia contra sor María diera comienzo a las primeras investigaciones judiciales por el caso de bebés robados en España. Muchas fueron archivadas y cayeron en el olvido hasta ayer, cuando una juez propuso llevar a los tribunales al doctor Eduardo Vela, ex director de la clínica San Ramón de Madrid, por firmar un certificado de nacimiento de una niña cuya supuesta madre biológica era estéril.

La magistrada Elena Gutiérrez considera que "existen motivos suficientes" para juzgarlo a él y a Inés Pérez por el caso de Inés Madrigal, presidenta de SOS Bebés Robados de Murcia, que denunció los hechos. Será el primer juicio por un caso de bebés robados en España. La juez sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de detención ilegal, suposición de parto, y falsedad en documento público, según el Código Penal vigente. Pero recuerda que, conforme a éste en el momento de los hechos, los delitos serían sustracción de menores, suposición de parto y un tercero de falsedad en documento público.

De las diligencias previas "se desprende indiciariamente" que el 6 de julio de 1969 Eduardo Vela contactó con Inés Pérez y le dijo que fuese al sanatario San Ramón porque "tenía un regalo para ella". Una vez allí, Vela le entregó un bebé de sexo femenino recién nacido cuyos datos de filiación así como identidad de los padres biológicos Inés Pérez desconocía, continúa el relato de la juez.

Fue en 2011 cuando la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) pidió a la Fiscalía General del Estado la apertura de una investigación para identificar a los responsables de una trama que actuó en toda España, sobre todo entre los años 50 y 90, dedicada al robo y posterior venta de niños. Se calcula que podrían ser unos 300.000 los niños robados y entregados a otras familias con una identidad falsa, un fenómeno cuyos inicios se remontan a la Guerra Civil y está tachado como una de las páginas más negras de la historia contemporánea de nuestro país.

El entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, rechazó la apertura de una investigación nacional y pidió que fuesen las fiscalías provinciales las que analizaran caso a caso. No fue hasta 2012 cuando la causa de los niños robados llegó a los juzgados a instancias de la denuncia presentada por María Luisa Torres por el robo de su hija recién nacida, en 1982. Torres acusó a la monja María Gómez Valbuena, conocida como sor María, de haberle arrebatado a la hija que tuvo en la clínica madrileña Santa Cristina. Se convirtió en la primera persona a la que un juez abría diligencias por un caso de niños robados. Cuando la instrucción avanzaba e iban apareciendo nuevos casos relacionados con la religiosa, sor María falleció. Antes se había negado a declarar.

Al margen de denuncias de particulares, 592 expedientes por bebés robados se han puesto en marcha desde que en 2013 entrara en funcionamiento el servicio de información de esta materia.