El PP y los nacionalistas se mostraron ayer insatisfechos con la última propuesta del Ministerio de Educación para un pacto en la enseñanza, ya que el primero se ha aferrado a una revisión y cambio profundo del modelo educativo y los otros han pedido garantías en relación con las lenguas cooficiales. "Es lógico que cada partido político haga ver sus señas de identidad, que las muestre públicamente, y sus condiciones, pero antepongamos las prioridades del sistema educativo, las actuaciones y medidas que requiere", pidió el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que se reunió simultáneamente con todos los partidos parlamentarios.

Aunque algún grupo ha sugerido que el proceso está estancado, al menos de momento, el ministro Gabilondo mantuvo en rueda de prensa el final de marzo como fecha para comprobar definitivamente si el pacto es factible. "Las diferencias no sólo deben persistir, sino que van a durar eternamente. Lo que hay que hacer con las diferencias muchas veces es pactarlas", replicó Gabilondo.

El ministro anunció que habrá reuniones "bilaterales" en los próximos días para tratar de mejorar el último documento de propuestas, basado en "consensos" ya logrados, porque hay "firme voluntad" de trabajar por el acuerdo, "se diga lo que se diga". En este sentido, pidió que haya un "encuentro" entre las prioridades políticas y las educativas, y que la defensa legítima por los partidos de otras cuestiones, como puede ser el modelo de Estado, no centren estas negociaciones.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, advirtió que la posibilidad de un pacto "depende de la voluntad que haya de acometer o no una reforma de calado del sistema". Alonso reiteró que el Partido Popular trabaja con "sinceridad y lealtad" por el pacto y la preocupación por la calidad de la enseñanza, la inclusión, la vertebración de un sistema común en todo el país, la libertad o la equidad y las estadísticas "inquietantes" de fracaso y abandono escolares.

Para la portavoz de CiU, Mercé Pigem, el pacto no puede ser un pretexto para unificar políticas o "laminar competencias", pues hay "líneas rojas" que no se pueden cruzar como el Estatuto y la Ley de Educación de Cataluña y, por tanto, la inmersión lingüística.

Como cuestiones "sin resolver, lamentó que el Gobierno no haya actualizado aún el cálculo del módulo de concierto educativo, para que la gratuidad de la enseñanza y la libertad de elección sean reales; pidió el cumplimiento de la sentencia constitucional que obliga a traspasar la gestión de las becas a las autonomías y se refirió a la formación y carrera profesional docentes y la dirección de centros. Preguntada por si ha habido avances, consideró que el proceso se encuentra en "stand by".

El diputado del PNV Aitor Esteban consideró que la gestión de pacto se está desarrollando "con un poco de caos" y que su grupo no es el único con la sensación de que "no se sabe exactamente a qué se pretende llegar y qué es lo que se pretende firmar". Opinó que "falta mucho" para un acuerdo y, aunque valoró la "fiebre por el inglés", echó en falta que se asuma el bilingüismo, la validez de las lenguas cooficiales en la educación como transmisoras del conocimiento y se asegure un dominio suficiente de éstas al terminar la educación básica. Dijo que el documento tiene muchas medidas de gestión que el Gobierno podría aplicar sin más, ya que la legislación vigente lo permite, mientras que otras corresponden a las autonomías.

Por ERC, Joan Tardà calificó de "insultante" que no se admita de forma "rotunda y categórica" que el Estado español es "plurilingüe", así que no puede haber pacto si no sirve para "blindar" los sistemas educativos que usan lenguas distintas del español como vehiculares. "Sin un pacto de lenguas, no tiene sentido hablar de un pacto educativo para el futuro", apostilló. Calificó de "vergüenza" que la Administración no cumpla el fallo del Constitucional sobre becas.

La responsable de educación de IU, Dolores Dolz, opinó que es un "retroceso" volver a los itinerarios, "claramente segregadores". La portavoz socialista de Educación, Cándida Martínez, entendió que el documento es un "excelente punto de partida", con el ánimo de mejorar la igualdad de oportunidades y la cohesión social.