El Partido de los Socialistas Europeos (PES) instó al Parlamento Europeo a rechazar el acuerdo comercial internacional contra las falsificaciones, conocido como ACTA, al considerar que es "erróneo" tanto por su contenido como por el procedimiento que ha seguido para su tramitación. El presidente del PES, Sergei Stanishev, denunció en un comunicado los "defectos democráticos" que, a su juicio, contiene el acuerdo, y alertó de su "potencial amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Según Stanishev, el tratado, que para entrar en vigor aún debe ser ratificado por todos los países que lo han negociado (los 27 de la UE junto con Estados Unidos, Japón y Australia) y por la Eurocámara, podría permitir a los proveedores de internet "violar la privacidad" de los usuarios e imponer restricciones al "discurso abierto" de la Red. También expresó su preocupación por que pueda limitar el acceso a los medicamentos genéricos. "No refleja los intereses de los ciudadanos, sino los intereses de las grandes corporaciones y sus márgenes de beneficios: les confiere unos poderes alarmantemente amplios para castigar y restringir", señaló Stanishev. Agregó: "No podemos permitir que esta legislación privatice la gestión de internet y limite las libertades fundamentales".

Desde su punto de vista, "los derechos de propiedad intelectual deben ser garantizados, pero no a expensas de los derechos de los ciudadanos". "El PES no apoya el tipo de censura extrema que propone ACTA, y lamenta que la mayoría conservadora del Parlamento Europeo haya cerrado cualquier oportunidad de conducir un debate claro y justo tanto a nivel social como político", concluyó Stanishev.

Está previsto que la Eurocámara se pronuncie sobre ACTA el próximo mes de junio. El texto, que se empezó a elaborar en 2008, pretende reforzar la protección de la propiedad intelectual en diversos ámbitos, desde la moda hasta la industria, y su principal novedad es que incluye, por primera vez en este tipo de pactos internacionales, un capítulo exclusivamente dedicado al medio digital. En ese apartado, el documento señala que el refuerzo de los procedimientos que se apliquen a las infracciones de marcas o derechos de autor de las obras digitales debe realizarse de manera que impida la creación de barreras a la actividad legítima y preserve principios fundamentales como la libertad de expresión, un proceso justo y la privacidad.

Durante su negociación, eurodiputados y otras voces críticas solicitaron más transparencia y participación directa en las conversaciones, al considerar que los borradores filtrados modificaban la normativa europea y menoscababan derechos de los consumidores, sobre todo los relacionados con el acceso al internet. No obstante, fuentes comunitarias aseguraron que el acuerdo se ajusta a las leyes europeas y que, en todo caso, armoniza y establece nuevos estándares mínimos a los que tendrá que adaptarse la legislación de los Estados que lo han negociado.