La empresa Emerita Resources España ha criticado que la Junta de Andalucía quiera "sabotear" la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar y ha solicitado a la juez que cite como investigada a la actual directora general de Industria, Energía y Minas.

En un escrito, Emerita pide a la juez que impute tanto a la actual directora de Minas, Natalia González Hereza, como a la persona que ocupaba el cargo en julio de 2015, María José Asensio -actual viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio-, por delitos contra la Administración de Justicia, prevaricación, desobediencia, tráfico de influencias y encubrimiento.

Asimismo, la empresa reclama a la juez Patricia Fernández Franco que amplíe la investigación, tanto en las personas como en los delitos investigados, incluyendo los delitos de desobediencia y contra la Administración de Justicia, "cometidos posteriormente al acto de adjudicación", a los que deben unirse los de encubrimiento, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal.

Emerita realiza todas estas peticiones después de que la Junta haya elevado un escrito al Juzgado en el que responde a la solicitud de la juez para que remitiera "la resolución o, en su defecto, acto administrativo por el que se aprueba el proyecto de investigación que ampare los trabajos que se estén llevando a cabo actualmente en la mina" e informase sobre si "da por válida o no" la aceptación de la adjudicación del concurso por Minera Los Frailes.

En el escrito, la directora de Minas aporta una resolución por la que se adjudica a Minorbis-Grupo México "la preferencia en las actividades de explotación en las cuadrículas mineras comprendidas en la zona de Aznalcóllar" y asegura que "ha dado plena validez a la aceptación de la adjudicación por parte de Minera Los Frailes". Asimismo, la actual directora de Minas pone de manifiesto que la cuestión planteada, como es el acto concreto que legitima la actuación material en la mina por parte de Minera Los Frailes, "es una cuestión ajena y que no guarda relación con el procedimiento penal que nos ocupa, tal y como pone de manifiesto la mercantil Emerita a través de la interposición de un recurso contencioso-administrativo como un nuevo frente judicial".

"Falta de respeto a la justicia"

Frente a ello, Emerita dice que, "a pesar de que la práctica habitual de la Administración, tanto a lo largo del proceso de adjudicación como en este procedimiento, ha sido de opacidad y de obstrucción, esta parte no puede dejar de sorprenderse ante tan evidente actitud de falta de respeto a la Justicia". "Resulta clara no sólo la resistencia a cumplir con lo que se requiere, dado que no se responde expresamente a la cuestión de si existe o no una resolución expresa donde se apruebe el permiso de investigación o exploración", sino que, además, "afirman una cosa y la contraria, en función de su conveniencia en cada momento".

Al hilo de ello, Emerita recuerda que la Junta "no es un imputado ni un investigado, y por lo tanto no tiene el derecho a no responder ni a mentir", de forma que "estamos ante una Administración Pública a la que un Poder del Estado, el Judicial, en la persona de la juez de Instrucción, le requiere una información a la que debe responder de forma veraz, leal, clara y dentro de los parámetros de la buena fe y del procedimiento administrativo".

"En lugar de ello, dicha Administración, quizá acostumbrada al modo habitual de tratar a los ciudadanos, contesta al Juzgado argumentando exactamente lo contrario de lo que le indicó hace meses, escudándose en ambigüedades creadas precisamente para poder decir una cosa y la contraria", subraya Emerita.

Respecto de la existencia o no de la resolución por la que se aprueba el permiso de investigación, en el escrito de la Dirección General "no se aporta ninguno, ni se informa, directamente, que tal resolución no existe", de manera que "se andan por las ramas, argumentando sobre la procedencia o no del procedimiento legal de interdicción de las actuaciones por la vía de hecho de la Administración, cosa que en esta instrucción no viene al caso". "

A ello se suma que, seguidamente, "se dedica a negar, punto por punto, todo lo que esta misma Dirección General indicó a su señoría con anterioridad, modificando arbitraria y gratuitamente su propio y previo criterio para poder salvar la cara, ante la evidencia de que las infracciones legales en todo este asunto no se agotan con la adjudicación, sino que siguen produciéndose con idéntico fin, y para enmascarar las anteriores".

En este punto, Emerita recuerda que la Dirección General de Minas aportó un escrito con fecha de salida de 7 de julio de 2015 en el que adjuntaba un informe donde, en respuesta, a un requerimiento del Juzgado para que expusiese el criterio de la Administración acerca de la aceptación de la adjudicación del concurso, "afirmaban que tal decisión aún no se había tomado, y sólo la tomaría la Administración cuando se solicitara el permiso correspondiente".

"Sin embargo, en el nuevo escrito de 12 de abril, la misma Dirección General de industria, Energía y Minas contradice absolutamente su propio criterio expuesto anteriormente", asevera Emerita, que considera "delirante" que la misma Administración "cambie su criterio arbitrariamente de forma tan descarada".

Emerita rechaza que la Dirección General de Mina se escude "en una simple cuestión de diferencia de interpretación normativa" y se pregunta así "en qué momento el responsable de dicha Administración faltó a la verdad a este Juzgado, cometiendo de esa forma un acto constitutivo de delito", punto en el que critica que "estamos ante un goteo de patentes y descaradas infracciones legales, todas y cada una, sin excepción, orientadas al mismo fin".

A juicio de Emerita, se encuentran "ante una trama orientada a entregar una mina a unas determinadas personas, para lo cual se amañó presuntamente un concurso y después se siguió actuando para maniobrar ante los procedimientos judiciales en curso para obstaculizarlos, conseguir la impunidad de los implicados, y siempre persiguiendo el fin previsto inicialmente", como es "la adjudicación de unos derechos mineros a quien ya se había decidido antes del concurso, a garantizar esa entrega y a buscar la impunidad de quienes estuvieron implicados". 

Por ello, "no se agotan los hechos constitutivo de las infracciones penales con la mera resolución de la adjudicación del concurso, sino que vemos que se siguen produciendo", afirma Emerita, que critica asimismo que "ni la propia Dirección General de Minas tiene la más remota idea, al menos de forma oficial, de quién es Minera los Frailes", por lo que "la situación resulta tan delirante que no podemos menos que entenderlo como una burla fruto de la sensación de impunidad de la Administración".

En conclusión, Emerita considera que "no existe ninguna resolución por la que se apruebe un permiso de investigación, exploración o explotación de los recursos mineros sacados a licitación, y por lo tanto cualquier trabajo que se esté llevando a cabo en los recursos mineros se está realizando en infracción de Ley, con conocimiento y aquiescencia de la Dirección General de Minas, que acaba de cambiar su anterior criterio expreso para tratar de ocultarlo". "Tras las primeras ilegalidades severas, se han visto obligados a continuar con otras sucesivas para poder salvar la cara y conseguir el objetivo buscado, aún de forma tan burda", dice Emerita, que considera que las versiones ofrecidas por la Junta "forman parte de un todo, una actitud dirigida a sabotear esta instrucción".