La crisis y el aumento del desempleo provocado por ella han hecho más urgentes reformas estructurales para generar políticas activas de empleo y reducir la dualidad del mercado laboral, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se trata de ayudar a que los que han perdido su puesto de trabajo no pierdan contacto con el mercado laboral y vuelvan a incorporarse lo más rápidamente posible, por los efectos positivos que eso tiene para la recuperación económica, de acuerdo con las principales conclusiones de la edición anual del informe sobre reformas prioritarias publicado por la OCDE.

"En un contexto de recuperación de la crisis, la prioridad tiene que darse a las reformas que sean más capaces de producir crecimiento a corto plazo y ganancias de empleo", destacaron los autores del estudio.

Eso significa reducir las barreras de entrada en materia de regulación, por ejemplo en el comercio minorista o en las profesiones liberales, disminuir los trámites administrativos para las empresas o los obstáculos para las inversiones extranjeras.

En el mercado del empleo, las necesidades han evolucionado y la acción debería centrarse en un aumento del gasto y una reforma de las políticas activas de empleo, una reducción de la dualidad del mercado de trabajo (diferencia entre trabajadores con contrato fijo y los que tienen contrato temporal) -en lo que se refiere a la protección del empleo- y una mejora de los programas de transferencias sociales.

El conocido como el "Club de los países desarrollados" insistió en que la situación "insostenible" de las finanzas públicas han hecho "más urgentes" algunas reformas, en particular las mejoras en los sistemas fiscales o las ganancias en los sistemas educativos y sanitarios que puedan reducir el déficit.

La OCDE, que por primera vez en esta edición analiza también la situación en los principales países emergentes (Rusia, Brasil, Sudáfrica, China, Indonesia e India), establece una clasificación en función del nivel de renta per cápita y de los dos grandes elementos que explican las diferencias entre unos y otros.

En un primer grupo están los Estados con elevados niveles de ingresos y una alta productividad, entre los que se incluyen sobre todo Luxemburgo, Noruega y Estados Unidos, y también Suiza.

Un segundo lo forman los que tienen una renta per cápita media y una elevada utilización de la mano de obra, como Australia, Canadá, Grecia, Islandia, Japón y Corea del Sur, para los que el problema es la relativamente baja productividad laboral.

En el grupo de una renta media y una alta productividad figuran Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Holanda y España que "sufren todos una fractura negativa en la utilización" de la mano de obra.

Se encuentran en una situación de renta media y con niveles igualmente medios de productividad y utilización de la fuerza de trabajo Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

Por último, la docena de países con menor riqueza relativa de la OCDE tienen preferentemente problemas de insuficiente productividad, aunque algunos de ellos como Eslovaquia y Turquía también están afectados por tasas de actividad muy reducidas.

Los grandes países emergentes ocupan un capítulo aparte, y aunque en términos globales casi todos ellos han experimentado una rápida convergencia en términos de renta per cápita, siguen estando entre un 60 y un 90 % por debajo de la mitad superior de los miembros de la OCDE.

El principal motivo de esa brecha es la productividad del trabajo, con la excepción notable de Sudáfrica, cuyo mayor reto es la tasa de utilización de la mano de obra, y en menor medida de India. En el otro extremo, la tasa de actividad de China es superior a la de la mitad de los países de la OCDE que presenta las mejores cifras.

Los autores del informe señalaron que algunas reformas estructurales aconsejables por sí mismas, podrían reducir además los desequilibrios globales al reducir las brechas entre el ahorro interior y las inversiones de algunas grandes zonas económicas.

Entre ellas están el desarrollo de coberturas sociales en China y en otras economías asiáticas, el aumento de la edad de jubilación, la eliminación de las "distorsiones" que incitan al consumo -por ejemplo por las exenciones de los intereses de créditos- o la liberalización de los sectores de redes, el comercio minorista o los servicios profesionales.