Si la economía sumergida en la provincia de Granada se redujese en 10 puntos porcentuales, la Agencia Tributaria podría recaudar cada año 546,7 millones de euros más, lo que sin duda insuflaría algo más de aire a las cuentas del Estado. Si esa reducción del 10% se produjese en toda Andalucía, la recaudación adicional total alcanzaría los 5.261 millones de euros. Y, trasladándolo al ámbito estatal, las arcas del Estado podrían recuperar 38.577 millones de euros.

Estos datos, facilitados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), revelan la magnitud del problema que representa para la economía provincial, andaluza y nacional la economía sumergida y el empleo bajo cuerda. Y que podría ser subsanado, al menos en parte, por la próxima entrada en vigor del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido, que prevé incentivar a los empresarios para regularizar la situación de sus empleados.

Pero hay más datos alarmantes: en Granada el empleo y la economía irregulares tienen un peso de casi el 26% del Producto Interior Bruto (PIB), puesto que alcanzan los 3.843 millones de euros. De esa cantidad que se mueve sin que ningún organismo público pueda controlarla, casi 1.300 millones de euros proceden del fraude laboral, de las cotizaciones sociales que los empresarios no pagan a sus trabajadores y que los autónomos no declaran.

Pese a todo, Granada no es la provincia donde más peso tiene la economía sumergida, aunque sí una de las primeras. Por delante están Cádiz y Córdoba, donde la actividad irregular representa un 30,7 y un 26,1%, respectivamente. En Almería el peso en el PIB provincial es del 24,7%; en Cádiz y Jaén, del 24,4%; en Málaga, del 22,6%; y en Sevilla, del 20,4%. En el conjunto andaluz, según los datos de Gestha, la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3% del PIB, lo que suponer cerca de 245.000 millones de euros anuales, de los que casi el 65,9% (161.647 millones de euros) proceden del fraude fiscal.

Ante esta situación, los técnicos del Ministerio de Hacienda proponen la aplicación de un plan más ambicioso y amplio calado que el propuesto hasta la fecha por el Gobierno, que incluya también medidas más específicas contra el fraude tributario, "máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador".

Según Gestha, el plan del Gobierno para que aflore la economía sumergida, que probablemente se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, debería incluir también medidas para hacer frente a una de las principales bolsas de economía sumergida: el fraude en el autoempleo de trabajadores autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y oficios auxiliares, la hostelería y los servicios turísticos y el transporte.

Además, los técnicos de Gestha insisten en que el plan "no debe limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo sumergido para posteriormente endurecer las sanciones, sino que debe introducir estímulos adicionales lo suficientemente alentadores como para persuadir a los empresarios de regularizar los empleos ocultos".