La esperada “marea rosa” se quedó en dique seco y dio paso a la polémica. La falta de “autorización administrativa” impidió la celebración de la denominada carrera de la mujer, en la que se habían inscrito 14.000 mujeres.

La empresa Sportlife (grupo Motorporess-Ibérica), que organizaba la duodécima carrera de la mujer en Sevilla –un evento que se repite en ocho capitales españolas–, culpó al Ayuntamiento de Sevilla de la suspensión de la carrera y el Consistorio defendió que no se corrió por “decisión exclusiva de la empresa privada”.

El intendente jefe de servicio de la Policía Local de Sevilla informó este domingo a la organizadora, antes de que comenzara la carrera –prevista para las diez de la mañana–, de que continuaba sin la preceptiva “autorización administrativa”.

La notificación comunicaba a los organizadores que, de acuerdo con la normativa vigente, especialmente en materia de Seguridad Vial, “no debe celebrarse tal evento, incurriendo en la responsabilidad a que hubiere lugar si así fuese”. Y añadía que, dada la “gran aglomeración” de personas que previsiblemente se iba a producir, la Policía Local iba a despleegar el “operativo necesario para evitar que se produzcan situaciones de riesgo”.

Según explicaron fuentes municipales, la carrera cumplía los requisitos mínimos de seguridad y movilidad, pero desde el punto de vista administrativo la documentación no estaba en regla, sobre todo en la Plaza de España, donde no se había solicitado licencia ocasional, ni contaba con autorización de Urbanismo para la ocupación de la vía pública, ni tampoco para la colocación de 25 carpas, un escenario, varios generadores de corriente con combustible, además de que sólo había “un extintor” para todo el montaje y carecía de ambulancia en el momento de la inspección.

El Ayuntamiento asevera que una vez avisados de los “incumplimientos administrativos”, los organizadores “de forma imprevista, anunciaron la suspensión del evento, al negarse a asumir cualquier tipo de responsabilidad administrativa que pudiera derivarse”, es decir, la multa que pudiera imponérsele.

A pesar de la suspensión del evento, miles de participantes hicieron el recorrido, algunas corriendo y la mayoría a pie, en señal de protesta e invadiendo las calzadas. La indignación era evidente. La empresa emitió un comunicado en el que culpó al Ayuntamiento de “impedir” dar la salida de la carrera. La nota de los organizadores pedía “disculpas” a las 14.000 mujeres que iban a formar una “marea rosa maravillosa en las calles de Sevilla”.

Motorpress-Ibérica añade que el año pasado la prueba ya sufrió un cambio de recorrido comunicado apenas 72 horas antes de su celebración, y este año el Ayuntamiento propuso llevar el evento a la Isla de La Cartuja, en un circuito que por las dimensiones de las calles “hacía imposible albergar con un mínimo de seguridad a las 14.000 participantes, que igualmente hubieran tenido graves problemas para trasladarse a la salida ante la escasez de transporte público en domingo”.

La empresa se queja de que el Consistorio decidió que la carrera comenzara en el lugar de su primera edición, decisión que se comunicó el pasado lunes, dándose sólo “48 horas para poder entregar toda la documentación requerida”, que incluía un “plan de autoprotección que nunca había sido solicitado para este evento”.

Los organizadores aseguran que la documentación fue preparada y “entregada en tiempo récord” en el Ayuntamiento, que el pasado jueves estuvo presente en la presentación y en la que en ningún momento se refirió a problemas en la organización. “Queremos dejar muy claro que desde el viernes por la tarde está en poder del Ayuntamiento absolutamente toda la documentación correcta para la celebración del evento”, sostiene la organización, que ha decidido devolver íntegramente el importe de todas las inscripciones.

Motorpress Ibérica anunció que se reserva el derecho de “emprender todas las acciones jurídicas y legales para proteger sus derechos y su imagen”.